De la soledad a los focos

Aprincipios de los ochenta, la recién creada Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) trató de organizar un funeral para las víctimas en Madrid. La primera iglesia les dijo que no, recuerda 30 años después Ana María Vidal-Abarca, cofundadora de la asociación junto a Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel O'Shea. "Eso demuestra la necesidad que había de remover las conciencias de una sociedad con un grado de tolerancia muy alto hacia el terrorismo", señala. Ella perdió a su marido, jefe de los Miñones de Álava -una policía foral dependiente de la Diputación-, el comandante Jesús Velasco, el 10 de enero de 1980. Dos personas le dispararon en Vitoria, mientras conducía, después de haber dejado en el colegio a dos de sus cuatro hijas.

"Ese mismo año, en septiembre, decidí venir a vivir a Madrid. Había asistido a muchos funerales que me conmovieron, y cuando me pasó a mí comprendí que había que hacer algo. Nuestro comienzo fue tremendo. Nadie nos hacía caso. Pensaban que éramos unas extremistas furiosas, y tuvimos que demostrar que éramos unas personas llenas de sentido común que lo único que queríamos era ayudar. Pretendíamos que todas esas viudas que dejaba ETA en aquella época se sintieran acogidas, se conocieran entre ellas, se apoyaran. Había muchas chicas jovencísimas con niños pequeños que se habían tenido que volver del País Vasco a su pueblo, a pueblos recónditos de toda España, y que desgraciadamente casi tenían que ocultar que eran víctimas del terrorismo. En esos momentos tremendos, que se le dé valor a la muerte de tu marido, de tu hijo o de tu padre es muy importante. Y así empezamos".

Las víctimas, sin duda, estaban solas. Iñaki García Arrizabalaga, cuyo padre, delegado de Telefónica en Gipuzkoa fue asesinado también en 1980, recuerda los insultos que les dirigieron estudiantes abertzales antes de entrar en el funeral de su padre, celebrado en la capilla del campus de la Universidad de Deusto en San Sebastián, que se manifestaban para pedir la libertad de una chica que había sido detenida. Ese funeral lo ofició el sacerdote jesuita Alfredo Tamayo. "Fue extremadamente ofensivo. Con una viuda tan reciente y sus hijos...", recuerda. Él mismo ha sido increpado por acercarse a las víctimas, incluso por parte de miembros de la Iglesia. "Un cura me dijo una vez que tenía que ir al psiquiatra porque era un obseso con las víctimas". El padre Tamayo reprocha al clero de Gipuzkoa que, aún hoy, no haya pedido perdón por su distanciamiento de los afectados por el terrorismo. "El de Bizkaia, al menos, sí lo ha hecho".

Ana María Vidal-Abarca, en el arranque de la asociación (1981) lo primero que hizo fue poner un anuncio en el periódico indicando un apartado de correos. "Todo pagado de nuestro bolsillo", recuerda ahora, en el salón de su casa, sentada junto a un gran retrato de su difunto marido, Jesús Velasco. "La gente respondía porque estaba necesitada. Con mucho tesón, y pidiendo cosas razonables, nos fueron respetando y ayudando. Nuestros esfuerzos culminaron con la aprobación en el Parlamento de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo de 1999". El final del camino ha sido la Ley de Víctimas del Terrorismo, aprobada en septiembre de 2011.

La visibilidad ha ido en paralelo al proceso de reconocimiento social de la brutalidad del terrorismo -el secuestro y asesinato anunciado del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco en agosto de 1997 supuso una sacudida general a las conciencias-. Y de una organización, la AVT, se ha pasado en estos momentos a varias decenas de asociaciones y fundaciones. Casi cada comunidad autónoma tiene la suya -la vasca COVITE, la andaluza, extremeña, valenciana, catalana...- y hay numerosas fundaciones en memoria de personas concretas asesinadas, como Gregorio Ordóñez o Fernando Buesa. Las subvenciones a estas organizaciones comenzaron en 1997 y han ascendido, desde 2004, a 6,5 millones de euros.

"Las asociaciones han servido para distintas cosas", opina José Manuel Rodríguez Uribes, director de la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior. "Contribuyen a mantener la memoria y tienen un claro efecto terapéutico para las víctimas, que se reúnen, hablan con personas que han sufrido experiencias traumáticas similares a las suyas... y reflejan distintos puntos de vista, porque las víctimas son diferentes entre sí, plurales".

Durante los últimos años han ganado una evidente capacidad de influencia política, algo con lo que no todas están de acuerdo. "El problema es que se da voz solo a un tipo de víctima y parece que todas pensamos igual cuando, lógicamente, existe mucha diversidad", señala Josu Elespe, hijo del concejal socialista Froilán Elespe, asesinado en 2001.

"Cuando fui presidenta de la AVT tuve especial ciudado de que no se politizara", reflexiona Ana María Vidal-Abarca sobre esta cuestión. "Lo importante era ayudar a las víctimas. En todo caso, creo que las asociaciones, en los momentos realmente importantes, están unidas. Ahora estamos ya en otra fase. Las víctimas han sido reconocidas, y seguimos ahí para que no se banalice lo que ha sido el terrorismo y para reclamar el derecho a la justicia. Para mí, después de todo, sería una satisfacción enorme ver, finalmente, un País Vasco en libertad. El que quiera ser separatista que lo sea, pero que me respete a mí igual que yo respeto a todo el mundo y nunca he hecho daño a nadie".