La Eurocámara veta el acuerdo de pesca con Marruecos por el Sáhara
Estrasburgo considera que el convenio interfiere en los recursos de los saharauis
El Sáhara Occidental y la ecologia han tumbado el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, el mayor de cuantos ha suscrito Bruselas, del que se beneficiaban fundamentalmente un centenar de pesqueros españoles, en su mayoría andaluces y canarios. El Parlamento Europeo votó ayer en contra de la renovación, por otro año, del acuerdo de pesca. La decisión va en contra de la Comisión Europea y de los Estados miembros. Rabat reaccionó a la votación ordenando anoche a todos los barcos europeos que faenan en sus aguas, incluidas las del Sáhara, que las abandonen de inmediato.
La Eurocámara se pronunciaba sobre un informe del parlamentario liberal finlandés Carl Haglund que puso en duda la legalidad del acuerdo porque conlleva escasas ventajas para la población autóctona del Sáhara, supone una "explotación excesiva de los recursos de pesca" de Marruecos y tiene un "magro resultado costo-beneficio".
La UE paga 36,1 millones de euros anuales a Rabat a cambio de 119 licencias para pescar en aguas marroquíes, 100 de las cuales pertenecen a barcos españoles. El acuerdo era por cinco años pero estaba prorrogado hasta febrero de 2012. La Comisión quería prorrogarlo un año más mientras negocia otro acuerdo.
El informe de Hagklund coincide con los pronunciamientos de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, que la Comisión quiso pasar por alto. Varias ONG que simpatizan con el Frente Polisario, que lucha por la independencia de la antigua colonia española, llevaban meses haciendo campaña contra el acuerdo.
La votación de la Eurocámara llenó de satisfacción al delegado del Polisario en Bruselas, Mohamed Sidati, quién alabó el "compromiso de la UE con los derechos humanos y el derecho internacional". La comisaria de Pesca, la griega María Damanaki, reconoció que el apoyo al informe del finlandés manda "un fuerte mensaje al Gobierno de Marruecos de que debe comprometerse a hacer reformas en ese sentido".
En un intento de apaciguar los ánimos marroquíes, el Embajador de la UE en Rabat, Eneko Landaburu, recordó en un comunicado que la Eurocámara contradice la posición de la Comisión y los Estados. "Lo lamento en lo que afecta a nuestras relaciones con Marruecos", concluye.
El rechazo de la prórroga compromete la firma de un nuevo acuerdo de pesca de larga duración con Marruecos. "No sabemos si un nuevo acuerdo de pesca es posible con Marruecos (...)", declaró Damanki. "En todo caso, de aprobarse un acuerdo, tendría que incluir respuestas convincentes a temas clave como el desarrollo ambiental, beneficio económico y legalidad internacional".
El Ministerio de Medio Ambiente español comparte el disgusto de la Comisión. Ayer expresó su rechazo del resultado de la votación en la Eurocámara y su apoyo a la flota española.
"Paga el pato la pesca española"
El acuerdo de pesca con Marruecos fue negociado por la Comisión Europea en 2006, cuando el Parlamento Europeo todavía no tenía competencias para vetar acuerdos, algo que cambió tras el Tratado de Lisboa. La votación de ayer se decidió por un margen estrecho de votos: 326 que en contra, 296 a favor y 58 abstenciones. De los 54 eurodiputados españoles, solo ocho votaron en contra del acuerdo.
La eurodiputada del PP Carmen Fraga, presidenta de la Comisión de Pesca de la Eurocámara, lamentó el resultado, que atribuyó a la infrautilización del acuerdo, mal negociado en 2006 por la Comisión Europea. Las pésimas gestiones llevadas a cabo por la Comisaria Damanaki han acabado, en su opinión, en un acuerdo muy costoso y que reporta pocos beneficios a la Unión Europea. Para Fraga, "el resultado es que quien paga el pato es el sector pesquero".
Raül Romeva, de ICV, fue el único español que se manifestó en contra del acuerdo durante el debate que se celebró el lunes. "Sería bueno que por una vez este Parlamento no se arrodillara ante las presiones del Gobierno marroquí", dijo. Romeva se refería a una votación de finales de septiembre, cuando la eurocámara rechazó su propuesta de enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE para que se pronunciara sobre su legalidad.
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