Caballero entretiene el Mar de Vigo

El Auditorio-Pazo de Congresos Mar de Vigo se estrenó en marzo y en octubre la UTE concesionaria que lo construyó y explota (Sacyr, Caixanova -ahora, Novagalicia Banco- y Puentes y Calzadas) pidió la rescisión del contrato por incumplimiento del plan económico financiero (PEF) que, según su tesis, el Ayuntamiento debería tener ya aprobado. El alcalde, Abel Caballero, rechazó esa petición por improcedente, ya que no se ha hecho una comprobación definitiva de la obra. El conflicto remite a una "rutina jurídica", según el regidor, aunque la UTE reclama ya cinco millones de euros de atrasos y el lucro cesante por 60 años de concesión.

Vigo no disponía de esa dotación común al resto de las ciudades y puso desde los años noventa un especial empeño en conseguirla. Pero su materialización pareció envenenarse desde el origen, con emplazamientos y proyectos que se encargaban y al rato se desvanecían, hasta que Carlos Príncipe -a la sazón teniente de alcalde en el gobierno del nacionalista Lois P. Castrillo- y el conselleiro Xosé Cuiña le dieron el impulso definitivo, con sede en el solar portuario de la extinta Casa Mar. En septiembre de 2000 se falló el concurso de ideas convocado por la Consellería de Política Territorial y que ganó César Portela.

Hubo una relevante merma en el volumen y precio inicial de la obra

El alcalde atribuye el problema a una "rutina jurídica" que tendrá arreglo

La licitación municipal de la obra, sin embargo, no se produce hasta 2005, bajo el mandato de Corina Porro. La adjudicación activó la polémica: se optó por la UTE en la que figuraba Caixanova contra otra oferta en la que participaba Caixa Galicia y que, según expertos externos, ofrecía mejores condiciones y garantías. Pero no fue ese el principal escollo.

Como base para la licitación se había considerado, a título de anteproyecto, la "idea" de 2000 de Portela, y cuando el arquitecto la trasladó al proyecto de construcción, el coste de la obra se disparó a casi el doble de lo previsto en la adjudicación -de 82 a 151 millones de euros-, sobre todo por la escalada de precios de los materiales en el quinquenio precedente. Nadie, ni en la UTE adjudicataria ni en el Ayuntamiento, asumía el sobrecoste, así que volvió a encallar el proyecto que Julio Gayoso había anunciado "emblemático" cuando la adjudicación.

En 2007, ya con Caballero en la alcaldía, Portela achicó las dimensiones de su proyecto para ajustarlo al "precio justo" de 85 millones, que hizo desaparecer una planta de aparcamientos subterráneos y otras superficies comerciales, lo cual, a su vez, minoró las expectativas de ingresos de la UTE, que sucesivamente, buscando ahorros, determinó una reducción relevante también en las calidades de la obra: la sala principal del auditorio, de 1.500 plazas, por ejemplo, se quedó sin foso de orquesta, ni caja de resonancia, ni tramoya para cambios de decorado, todo lo cual devalúa su funcionalidad para los espectáculos musicales y singularmente los operísticos, que ya se acariciaban en las expectativas de la nueva dotación.

Esas deficiencias están ahora en la mesa de negociaciones, con la aspiración municipal de que sean corregidas por la UTE concesionaria, de cuya labor Caballero se declara "satisfecho". "Lo está haciendo muy bien y estoy convencido de que llegaremos a una solución satisfactoria", afirma el alcalde. En la UTE no adelantan ningún pronóstico, simplemente constatan la existencia de negociaciones.

El azaroso proceso del proyecto motivó dos PEF, uno de 2006, tras adjudicarse la concesión, y el otro, de 2008, una vez operado el achicamiento. Ambos provisionales. Los efectos del PEF de 2008 quedaron supeditados, entre otras cosas, a que el Ayuntamiento se comprometía a revisarlo "e iniciar su tramitación definitiva en el plazo máximo de tres meses desde la firma del acta de recepción definitiva de las obras", lo que a juicio de la UTE sucedió en marzo.

En función de ese criterio, y de acuerdo a otros compromisos, el Ayuntamiento tendría que haber pagado ya cinco millones de euros y aprobado la ampliación del plazo concesional a 60 años en un PEF definitivo. Pide la rescisión del contrato de concesión porque este aún no se ha aprobado.

El Ayuntamiento aduce, en cambio, que en marzo solo asumió la recepción de la parte pública del complejo y falta por comprobar el área comercial (hotel, aparcamientos y otros elementos menores). Cuando lo haga, dispondrá aún de tres meses para estudiar y aprobar el equilibrio de la concesión. A 60 años. Lo que entonces quede será de plena propiedad municipal.