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El PP prepara el relevo de Castedo por su implicación en Brugal

La operación está impulsada por la dirección nacional de los populares

La dirección regional del PP, que lidera Alberto Fabra, ha iniciado los contactos en busca de un recambio para Sonia Castedo al frente de la alcaldía de Alicante ante la posibilidad de que la regidora resulte finalmente imputada en la rama del caso Brugal que indaga un supuesto trato de favor al promotor Enrique Ortiz en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El primer elegido para ocupar el puesto de Castedo, también diputada autonómica, ha sido el actual concejal de Hacienda y Seguridad Ciudadana, Juan Seva. No obstante, fuentes populares han señalado que el edil ha declinado inicialmente el ofrecimiento. Seva fue uno de los nombres que salió más reforzado en el nuevo equipo de gobierno de Castedo tras su arrolladora victoria en las urnas el pasado mes de mayo.

De mantenerse la resistencia de Seva a relevar a Castedo, los otros dos ediles con mayor probabilidad para ocupar su puesto serían, por este orden, Andrés Llorens, de facto el número dos de la regidora, y la portavoz del Grupo Popular y edil de Urbanismo, Marta García Romeu.

Las fuentes populares consultadas destacan que la estrategia para apartar a Castedo de la primera línea política cuenta con el beneplácito de la dirección nacional del PP y más en concreto de la vicesecretaria nacional, Ana Mato.

La dirigente popular nacional ha transmitido un mensaje nítido a Fabra: podar todas las ramas que puedan dificultar el tránsito hacia la pacificación del partido, bien por su implicación en supuestos casos de corrupción o por su significación en uno de los dos antiguos bandos de la formación (campistas y ripollistas) en Alicante.

Mato, según fuentes populares, ha diseñado esta estrategia en estrecha colaboración con la diputada nacional Macarena Montesinos, también rival directa de Castedo y que, inicialmente, le disputó la alcaldía.

La imputación de Castedo, de cristalizar, no será inminente. Su condición de aforada impide al juez instructor acusarla. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, de observar indicios de delitos en la actuación de la regidora, tendrá que remitir el sumario al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, extremo que fuentes del caso sitúan en la próxima primavera. Luego, el alto tribunal tendrá que resolver si la imputa o no.La implicación de la regidora de Alicante en el sumario de las supuestas irregularidades en la redacción del plan urbano no es el único argumento que mina su continuidad. Fuentes populares ven en Castedo, último referente activo del otrora sector campista de los conservadores alicantinos, un obstáculo para la pacificación del partido en Alicante, una vez consumada la laminación del colectivo opuesto, el ripollismo.

Apaciguar el PP de Alicante es otro de los mandatos de la dirección nacional al líder regional, Alberto Fabra. Este ya dio un primer paso de calado en este sentido. Tras las elecciones generales, forzó la dimisión del hasta entonces líder de los ripollistas, el presidente provincial del PP y expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal.

El segundo paso ha sido pactar con el sucesor de Ripoll, el alcalde de Altea, Miguel Ortiz, una ampliación de la ejecutiva provincial para dar cabida a los campistas. Y el tercero, el nombramiento de Juan de Dios Navarro como nuevo delegado del Consell en Alicante. Navarro es un hombre de confianza del consejero de Educación, José Ciscar, a quien Fabra ha encomendado que trabaje en la sombra para cerrar la crisis interna del PP alicantino.

Castedo llegó a la alcaldía de Alicante en septiembre de 2008 por deseo expreso del entonces regidor y diputado autonómico Luis Díaz Alperi. El ascenso de Castedo contó con el visto bueno del expresidente del Consell, Francisco Camps.

Desde su llegada al cargo, Castedo se convirtió en el escudero más activo de Camps en su guerra orgánica contra el sector ripollista. La alcaldesa no pudo consumar el primer embate de envergadura contra Ripoll y eliminarlo como número dos de su candidatura para las municipales del pasado mes de mayo. Sin embargo, apenas unas semanas después, justo el día en que se constituyeron las nuevas corporaciones municipales, Sonia Castedo, con la alianza de la alcaldesa de Sant Vicent del Raspeig, Luisa Pastor, logró descabalgar a Ripoll de la presidencia de la Diputación. Camps las premió a ambas. Pastor sustituyó a Ripoll en la corporación provincial. Y unos días antes, el expresidente del PP valenciano designó a Castedo como cabeza de lista para las pasadas elecciones autonómicas y municipales.

La alcaldesa está acusada por el fiscal anticorrupción en el sumario del supuesto amaño del PGOU de Alicante de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información. En la misma situación se encuentra su antecesor en el cargo y también diputado autonómico, Luis Díaz Alperi. En esta causa del caso Brugal hay ya formalmente 19 personas imputadas, entre ellas, el abogado urbanista José Luis Castedo, hermano de la regidora.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de diciembre de 2011