Recurso para exigir el minitrasvase

La Diputación de Castellón ha presentado un recurso a la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de rechazar el llamado minitrasvase del Ebro a la provincia de Castellón. Así lo anunció ayer en un comunicado el presidente provincial, Javier Moliner, quien subrayó que la institución mantendrá "viva la llama de la exigencia de los recursos hídricos".

"Castellón y sus tierras siguen aportando agua al río Ebro y entendemos que es justo y necesario que esa agua retorne a nuestra provincia tal y como nosotros la aportamos", sostuvo Moliner, quien mostró su confianza en que el nuevo Ejecutivo del PP sea "sensible" a su petición. El recurso, según Moliner, "está basado en la legalidad" que les ampara "para pedir esa devolución y la capacidad que tiene el Gobierno de regular los usos y las aportaciones de recursos".

En las alegaciones se hace hincapié en la vigencia de artículos del Plan Hidrológico Nacional en los que se contempla que "podrán llevarse a cabo transferencias de recursos hídricos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca". El recurso admite, sin embargo, que se requeriría una modificación legislativa en el plan hidrológico del Ebro porque el agua se llevaría a la cuenca del Júcar, pero argumenta que el Gobierno se encuentra "perfectamente habilitado" para realizarla.

Otra de las alegaciones se centra en el canal Segarra-Garrigues, en la provincia de Lleida, que contempla transformar a regadío más de 72.000 hectáreas, lo que a juicio de la Diputación detrae recursos del Ebro y es un argumento "clave para derogar el minitrasvase".

Fuentes del organismo recordaron que el conflicto judicial se remonta a abril de 2005, cuando el pleno aprobó una resolución dirigida al Gobierno para pedir el minitrasvase con los votos a favor del PP y del Bloc, y la abstención del PSPV.

Por su parte, la consejera de Agricultura y Agua, Maritina Hernández, afirmó ayer que la Generalitat reivindicará al nuevo Gobierno una política de agua de carácter nacional sustentada en "el consenso y la solidaridad territorial".