Cospedal tiene derecho a oponerse al Tajo-Segura, dice el nuevo senador

"Está en su perfecto derecho de defender sus intereses, y nosotros también estamos en nuestro perfecto derecho de defender los nuestros". El discurso desplegado por el PP durante años para alimentar la guerra del agua ha cambiado radicalmente desde que su líder, Mariano Rajoy, ha ganado las elecciones generales y la derecha se ha hecho con el poder en comunidades como Aragón o Castilla-La Mancha. Juan José Ortiz, que será designado por las Cortes Valencianas senador territorial el viernes, justificó ayer lo que hasta hace bien poco era considerado un ataque intolerable de los socialistas hacia los valencianos. Preguntado sobre el recurso de la presidenta castellano-manchega, María Dolores de Cospedal, contra el trasvase Tajo-Segura, Ortiz se refugió en la defensa de los intereses de cada comunidad.

El candidato espera que el aeropuerto de Castellón funcione para Semana Santa

El diputado socialista Rafael Rubio le preguntó directamente sobre el asunto en la Comisión de de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones, ante la cual han de comparecer los senadores territoriales como trámite previo a su designación. Y Ortiz, que en su intervención previa había recordado que fue ponente del Plan Hidrológico Nacional y había criticado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero derogara el trasvase del Ebro, justificó que Cospedal, en su condición de presidenta de una comunidad autónoma, se oponga al Tajo-Segura. "Esta Cámara y los representantes valencianos", indicó, "tenemos el derecho irrenunciable de defender el trasvase Tajo-Segura". Lo que no supone, añadió, contradicción alguna porque cada uno ha de "defender los intereses del territorio al que representa". Acababa de volar en pedazos la reiterada afirmación de los populares de que su partido defiende lo mismo en todos los lugares de España.

Rubio, que por otra parte había resaltado el cambio de posición del PP al no incluir el trasvase del Ebro en el programa de las recientes elecciones generales, le hizo ver a Ortiz que no se trata solo de una polémica entre territorios: "La señora Cospedal es secretaria general de su partido".

No fue el único aspecto en el que el futuro senador autonómico, a quien el propio presidente de la comisión, Rafael Maluenda, estuvo asesorando de forma indisimulada, reveló que los populares valencianos pliegan velas en otros temas candentes. Cuando la diputada de la Coalició Compromís Mireia Mollà le preguntó por el rescate del peaje de la autopista AP-7, el candidato a senador territorial alegó que no es "asumible" de manera "unilateral" por parte del Gobierno y se mostró partidario de negociar la posibilidad de rebajar los peajes. Mollà le recordó que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps anunció en su día solemnemente que iba a reclamar el rescate de la autopista, así como el hecho de que fue un Gobierno del PP, el de José María Aznar, el que prorrogó la concesión de la AP-7. "Ustedes hacen la trampa y después ponen la excusa", le recriminó.

La comparecencia de Ortiz no era la de un novato. Ya fue senador por la provincia de Castellón y se ocupó de temas relacionados con las infraestrcuturas. Fue como senador cuando se vio envuelto en el caso Fabra, por el que tuvo que declarar, dado que asistió a una reunión en la que supuestamente el ahora expresidente de la Diputación castellonense, Carlos Fabra, medió ante el ministerio para que se aprobaran unos determinados productos fitosanitarios.

En su intervención, que inicio comprometiendo la defensa de "nuestras señas de identidad, nuestras raíces, nuestros símbolos...", Ortiz recordó que, en una sesión de la Comisión de las Comunidades autónomas del Senado intervino "en lengua valenciana" después de que un senador de Esquerra Republicana lo hiciera "en lengua catalana". La alusión dio pie al diputado de Esquerra Unida del País Valencià Ignacio Blanco a preguntarle si estaba queriendo decir que el valenciano y el catalán no son la misma lengua. Ortiz se amparó en que en el Estatut se habla de valenciano y aseguró: "No voy a entrar en polémica porque no nos vamos a poner de acuerdo". El diputado popular Rubén Ibáñez le había lanzado un cable apuntando que más importantes que las diferencias entre lo que se habla en Vinaròs o en Amposta son las inversiones que llegan a una ciudad o la otra. La crítica a la deficiente financiación autonómica no faltó en el discurso de Ortiz que, sin embargo, no dio muestras de tener muy claro que hay una reforma del Estatut pendiente de ser defendida en Madrid por la que se blindan las inversiones del Estado en territorio valenciano después de que tal cláusula no fuera aceptada por el PP en la reforma estatutaria de 2006.

El que será sexto senador autonómico, después de que se reconociera que la Comunidad Valenciana supera los cinco millones de habitantes, hizo una defensa del aeropuerto de Castellón, duramente criticado por la oposición, y señaló que aspira a que esté operativo para Semana Santa.