La Junta exige por su cuenta el dinero defraudado a los 72 intrusos de los ERE

Hora de reclamar el dinero defraudado. En el escándalo de los ERE, al margen de los 30 imputados que ya acumula el caso, la Junta intenta que se reponga el daño causado a las arcas públicas por parte de los 72 intrusos que percibieron pólizas ilegales de empresas en las que nunca trabajaron. Para ello, inició un procedimiento administrativo en paralelo a la instrucción penal que dirige la juez Mercedes Alaya. En las últimas semanas el Ejecutivo ha enviado una comunicación a los intrusos para que estos presenten sus alegaciones ante la reclamación del dinero, una cifra que el consejero de Empleo, Manuel Recio, cifró en unos 10 millones.

"Habiéndose constatado que el interesado no tuvo relación laboral con la empresa (...) Para el supuesto de quedar acreditado que estas cantidades hubiesen sido objeto de percepción indebida o irregular, las mismas podrán ser reclamadas (junto con intereses y cualesquiera otros gastos devengados) para su devolución o reintegro a esta Administración", explica a los intrusos el jefe del Servicio de Ordenación y Coordinación Laboral de la Consejería de Empleo, Rafael Arévalo, en las cartas selladas el 2 de noviembre. Los intrusos ya pudieron presentar alegaciones ante el procedimiento administrativo, pero ahora la consejería vuelve a darles 10 días para que "presenten las alegaciones y aporten los documentos que estimen pertinentes".

La consejería estimó que se cobraron 10 millones a través de pólizas ilegales

La Junta ha comenzado una reclamación cuya resolución es harto difícil llegue a cumplirse satisfactoriamente para sus intereses. Los abogados plantean batalla ante la reclamación de la Administración, sobre todo después de que la juez haya decidido imponerles fianza a los primeros 16 intrusos que ya han declarado como imputados por valor de 4,8 millones.

"Le pedimos claramente: deje usted de investigar porque hay otro procedimiento penal abierto, según el artículo 133 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública", señala José Manuel García Quiles, letrado del exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo. Otro letrado, Julio Ángel Martínez, que defiende al intermediario Juan Lanzas, coincide con García Quiles en que el trámite "se duplica". Y añade: "Apreciamos errores en las cantidades y no hay declaración de lesividad (necesaria para dejar sin efecto una resolución administrativa) y un informe específico del Consejo Consultivo para anular las ayudas". El letrado pone en duda la celeridad con que la Junta lleva el procedimiento, y resalta que el plazo para el reintegro de las ayudas públicas prescribe a los cuatro años, al igual que con las ayudas directas a empresas (más de 65 millones), algunas de las cuales Empleo ya ha confirmado que va a reclamar. "Todo lo anterior a noviembre de 2007 podría haber prescrito y hablamos de pólizas cobradas en 2001", añade.

En caso de que la Junta ignore las múltiples alegaciones de los letrados de los 72 intrusos que contabilizó en su día, estos iniciarán un procedimiento contencioso administrativo para paralizar el reintegro durante años.

El primer intruso que ha devuelto el dinero cobrado ilegalmente ha sido Rosendo, que consignó 112.000 euros en la cuenta bancaria del juzgado para acogerse al artículo 308 del Código Penal, que le dejaría exento de responsabilidad penal al reintegrar el dinero. Tras dicha consignación y después de que la fiscalía pidiera 2,8 millones en fianzas para 14 intrusos, la juez Alaya reclamó en uno de sus últimos autos, fechado el 18 de noviembre, a la Junta que le envíe "la relación de cada uno de los imputados y las rentas que en su caso le consten recibidas por los aseguradores beneficiarios".

En su último auto de 30 de noviembre, en el que se fijaban las fianzas para 16 intrusos, la magistrada hizo un pormenorizado e individual repaso de las cantidades supuestamente percibidas por los imputados al ser incluidos en los ERE. A esa cantidad total, Alaya le suma un 30%. Estas fianzas, según señala la juez, buscan que en el futuro se reintegren las "ingentes cantidades de dinero que de manera presuntamente ilícita han salido del erario público".