Municipales
Para muchos Ayuntamientos se han convertido en un verdadero quebradero de cabeza. Lejos de ser protagonistas por el estricto desempeño de su labor, son más conocidos por los conflictos que secundan reivindicando mejoras salariales o profesionales antes que por los éxitos ligados a su función. La entrañable figura del policía municipal ha dejado paso al de unos agentes por lo general muy bien retribuidos, por encima de lo que puedan ingresar policías nacionales o guardias civiles. Disfrutan de unas condiciones laborales que para sí quisieran otros empleados públicos. Bien equipados, cuentan con los vehículos y medios más avanzados, lo que supone una considerable aportación de recursos públicos para unos Consistorios prácticamente arruinados.
Y a pesar de ello no gozan de la popularidad o el reconocimiento social que se podría esperar dada la labor que realizan en favor de la seguridad vial, ciudadana y demás servicios que prestan a la sociedad. De hecho, son continuas las quejas que llegan a la Oficina del Defensor del Pueblo sobre determinados comportamientos ante el ciudadano que, si bien no se pueden extender a todo el colectivo, suponen un indicio claro de cómo han cambiado las cosas en este colectivo. Lo último ha sucedido en Sevilla con la imputación de 11 policías locales por presunta corrupción al recibir, supuestamente, pagos ilegales por determinados servicios que prestaban de uniforme. A la espera del resultado de la investigación judicial, han sido apartados de la unidad en la que se encontraban. La situación ha tenido que llegar hasta tal punto en el seno de este cuerpo que ahora hemos sabido que el Ayuntamiento se vio obligado en su día a crear una unidad de asuntos internos para atajar nuevos casos.
En esas estamos cuando observamos la tímida reacción de la organización sindical mayoritaria que les representa, apelando a la presunción de inocencia. Tan medida y lógica actitud contrasta, eso sí, con la que mantienen cuando se tiran al monte en sus movilizaciones de protesta en las que superan los límites más elementales de la prudencia de la que ahora hacen gala. De eso puede dar buena cuenta el anterior alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), quien tuvo que soportar hasta botellonas organizadas en la misma puerta de su casa y secundadas por agentes de paisano, en plena ofensiva terrorista, por cierto, en la capital andaluza. O a algún que otro funcionario que resultó con lesiones a consecuencia de los fuertes petardos que hacían estallar frente al Ayuntamiento. En esta materia la casuística es bien larga y se extiende por todas las ciudades y pueblos. Al final, ya se sabe, ante determinadas presiones, habitualmente cerca de unas elecciones, se firma lo que sea, de ahí que no resulte extraño el actual estado de las cosas: grupo ingobernable, impopular y sumamente costoso para las arcas públicas.
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