Acuerdo por Epifanía

Cándido Méndez, que es un hombre muy leído y con conocimientos del calendario santoral fruto de la educación franquista, ha bautizado como "el acuerdo de Epifanía" el encargo que les hizo por separado el futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a él, a Ignacio Fernández Toxo y a Juan Rosell de alcanzar un acuerdo sobre la reforma laboral para los primeros días de enero, cuando se celebra esa fiesta, también conocida como los Reyes Magos.

Así que el citado acuerdo de Epifanía se presenta con mucha expectación y también con mucho escepticismo. Es muy difícil aventurar que en el mes largo que queda hasta entonces los dos sindicatos y la patronal alcancen un acuerdo que se viene persiguiendo desde hace más de un año y que ha cosechado diversos fracasos, y que cuando el Gobierno saliente decidió legislar por las bravas, derivó en una huelga general. Pero también es verdad que hay que aprovechar el impulso que confiere el cambio de Gobierno para buscar nuevas vías de diálogo, como además pidieron los propios líderes sindicales el mismo día que se reunían con Rajoy en un desayuno informativo.

Así parece entenderlo Rajoy, que, después de subrayar en la introducción la importancia de mantener el euro, controlar el déficit y acabar la reforma financiera, blandió ante cada uno de los agentes sociales la famosa carta que recibieron meses atrás los Gobiernos de España e Italia en la que se recomienda la devaluación competitiva de los salarios y que Rajoy no ha tenido muchos problemas en conseguir, según reconoció a sus interlocutores del miércoles. Con ese manual de instrucciones sobre la mesa, el líder popular abrió el fuego -siempre con mucha cordialidad y respeto- para acelerar esa reforma laboral que ha pedido a los agentes sociales.

Pero Rajoy no despejó ninguna duda ni les descubrió ningún secreto sobre las directrices de la reforma laboral que defiende. Se limitó a meter prisa porque, por lo visto, tiene otras cosas que ver, como la congelación de los funcionarios. Es probable que desde alguna parte de Europa le estén exigiendo velocidad para no dormirse; pero eso, si es así, evidentemente, no se lo desveló a ninguno de los tres. Si no hay consenso, seguramente legislará mediante real decreto ley.

Hay quien habla de que será necesario canalizar las conversaciones hacia un gran acuerdo, estilo los Pactos de la Moncloa, dada la situación económica. Pero, de momento, lo que importa es que la petición del nuevo presidente pone a patronal y sindicatos ante un nuevo aliciente. Tras esa exigencia de la moderación salarial se esconde todo lo que tienen en cartera desde hace tiempo. Es decir, la negociación colectiva (NC), la contratación, la formación, las ETT...

Los sindicatos, en todo caso, se temen que quiera meter nuevos contratos para jóvenes como los mini-job, que no cumplen el salario mínimo, y otras bondades contractuales. Por otra parte, la patronal insistirá en buscar un despido más barato, recuperando la fórmula de los 20 días por año trabajado que ya esgrimió en los anteriores intentos. Los sindicatos y la patronal, por otra parte, no han dejado de negociar. Los responsables de acción sindical, Ramón Górriz (CC OO) y Toni Ferrer (UGT), y los directivos encargados de la patronal, José de la Cavada y Alberto Nadal, no han dejado de verse casi cada semana, y los líderes lo hacen con frecuencia y sin darle publicidad. De esa forma han avanzado en muchas cuestiones, aunque en las esenciales siguen las diferencias.

Hay pocas esperanzas de acuerdo y, en todo caso, se piensa que se pueden alcanzar en cuestiones como los puentes, la formación o temas más marginales. Algunos empresarios de peso, prefieren, no obstante, apostar al todo o nada y dejar las cosas pequeñas para después, haya o no pacto. Algunos de estos empresarios piensa, asimismo, que lo económicamente deseable es jurídicamente imposible. Además, en la CEOE existen corrientes contrarias que Rosell trata constantemente de encauzar para unificar posturas. Hay sectores, que encabeza el propio Rosell, que apuestan firmemente por el diálogo social, y otros, provenientes del seno de la patronal madrileña CEIM (y no precisamente de su presidente, Arturo Fernández, muy conectado con la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre), que no lo consideran apropiado.