Caballero pagará con la prórroga a Aqualia una deuda urbanística

La prórroga del contrato con Aqualia, concesionaria del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua de Vigo, que el alcalde, Abel Caballero, aprobó el lunes, servirá en lo inmediato para afrontar el pago inaplazable de una deuda municipal de dos millones de euros generada en 1993 por una permuta urbanística. El pleno municipal deberá aprobar hoy una modificación de crédito para cambiar al pago de esa deuda 1,9 millones presupuestados para los terrenos de la nueva depuradora, que ahora, con la prórroga de la concesión, pagará Aqualia.

Esta tesitura dispuesta por Caballero ha puesto tanto al PP como al BNG en situación comprometida, ya que ambos grupos se han expresado explícita y contundentemente contra la prórroga de la concesión a Aqualia. Pero su aprobación de la modificación de crédito para pagar la deuda -por imperativo judicial y sin que exista alternativa para la obtención de los fondos- implicará que avalan la prórroga de la concesión.

El pleno vota una modificación de crédito que implica el sí a la prórroga

El BNG respaldó recientemente una subida del 3,8% de las tasas municipales para el próximo año, propuesta por el gobierno en minoría de Caballero, por el compromiso de este de revisar las tarifas del agua para adecuarlas al consumo real, según marca una directiva europea en atención a que no se debe pagar lo que no se consume y a que es la medida más conveniente para ahorrar agua.

Aqualia factura un consumo mínimo mensual por usuario de 15 metros cúbicos -no de tres, como por error informó ayer este periódico-, en recibos bimensuales de 31 euros, pese a que miles de usuarios, y más los que viven solos, se quedan lejos de agotar ese caudal que pagan (las propias cuentas de Aqualia cifran el consumo mensual medio en unos cuatro metros cúbicos por persona).

La prórroga de la concesión, que debería acabar en 2015, implica el mantenimiento de ese sistema tarifario hasta 2020. A cambio, según Caballero, Aqualia aportará al Ayuntamiento 35,8 millones de euros, en los que se incluyen 10,3 millones para los terrenos de la nueva depuradora -la modificación de crédito que se plantea hoy afecta a la primera anualidad- y otras inversiones que el gobierno no puede acometer por falta de fondos. Aqualia asumirá también, según la misma fuente, el pago de 45 millones de IVA que le correspondería pagar al Ayuntamiento cuando recepcione la nueva depuradora.

El PP insistió ayer en subrayar "lo turbio" de esta operación, que además desmiente la solvencia de las cuentas municipales, de la que siempre ha presumido el alcalde; ignora el requerimiento de la Intervención de una auditoría de control, previa a la prórroga de la concesión; deja sin efecto compromisos fijados en el convenio para la construcción de la nueva depuradora, y boicotea los objetivos de gestión del agua de la futura área metropolitana. Pero ayer el PP no anticipó qué votará hoy.