La oposición denuncia que se crea una norma para legalizar Barreiros

La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, una herramienta creada para complementar el proyecto de Presupuestos de la Xunta, modifica 61 artículos de 15 leyes y deroga una por completo, la de protección contra la contaminación acústica. Para la oposición, semejante compendio legislativo no es sino un "engaño a la democracia", en palabras de la diputada socialista, o un "cajón de sastre" para "escamotear el debate", según la definición del portavoz del BNG, Carlos Aymerich.

La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, apeló a razones "de eficacia" para justificar la tramitación de la denominada ley de acompañamiento de los Presupuestos, que ayer comenzó su recorrido parlamentario. La dispersión de materias que trata el proyecto de la Xunta diseminó a su vez los argumentos de la oposición, que atacaron desde la instauración del cobro de 10 euros por la tarjeta sanitaria a la reducción de servicios de farmacia en el rural y en hospitales. PSdeG y BNG apuntaron a la intención de legalizar la operación urbanística de Barreiros, que pretende dar cobertura a miles de viviendas ilegales, como una de las causas de las modificaciones que afectan a la Ley de Ordenación del Territorio. La nueva norma permite sustituir la evaluación ambiental estratégica de proyectos sectoriales por un informe motivado de la autoridad medioambiental, que depende del conselleiro Agustín Hernández. "No hay evaluación favorable posible para Barreiros, y para saltársela cambian la ley", acusó Caride.

El magistrado ferrolano inicia así la investigación judicial de un sonado chivatazo que frustró unas pesquisas que arrancaron en mayo. Las indagaciones comenzaron con la lupa puesta sobre una compañía de Pontedeume y acabaron por mezclarse con temas de corrupción cuando apareció en escena un político popular, Javier Escribano. El empresario Duarte dijo haber regalado al entonces parlamentario del PP en la Cámara gallega un Porsche Boxter a cambio de "algunas gestiones", que pasaban por mover los hilos en la Xunta a favor de la constructora Manmer, que vendía como reciclado un árido contaminante.

Escribano y Duarte comparecerán dentro de 15 días en los juzgados de Ferrol. En una conversación intervenida el 20 de octubre, el político da a entender que ya ha hecho todo lo necesario para que su explicación resulte coherente. "Si ahora me dicen que tal, mira, yo he comprado un coche, tengo la factura y el tío dice que se lo he comprado. ¿Qué pasa?", se justifica Escribano. "Están hablando conmigo, yo no soy un cheíñas", le cuenta a su hermana en alusión a las presiones del PP.

Escribano sostiene que compró el coche el 7 de abril por 10.360 euros, pero Duarte lo transfirió en junio a nombre de una tía del político de 67 años y el exdiputado lo cambió poco después por un Mercedes, según figura en los informes. Duarte y Escribano acostumbraban a citarse en el bar BK de Cabanas y en un local de Matogrande, en A Coruña, según distintas fuentes.

Dos piezas separadas

El caso Arena ya se ha desdoblado en dos partes que discurren paralelas. Por un lado, existe un posible delito ambiental por el que Duarte ya prestó declaración (el pasado 28 octubre) y que está siendo investigado por la Europol; y por otro, se indagan presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias que se le imputan a Escribano además de la filtración de una investigación secreta.

El BNG de Cabanas ha remitido al juez la documentación sobre el vertedero ilegal de áridos de Manmer en Laraxe y acusan al regidor popular, Germán Castrillón, de "connivencia preocupante" al haber "ignorado" los informes del Seprona y la Axencia Galega de Protección da Legalidade que lo denunciaron en 2009. También han elevado al Parlamento Europeo varias preguntas sobre el origen posiblemente fraudulento de 712.000 toneladas de residuos asfáltico que viajaron de Holanda a Ferrol.

La oposición también se refirió a la piscifactoría de Touriñán como otro proyecto que se puede beneficiar de la "desprotección del territorio" que, en su opinión, suponen las modificaciones de la ley de acompañamiento. En su exposición del proyecto, Fernández Currás zanjó los cambios que afectan a la normativa ambiental apelando a la "racionalización de procesos". El diputado del PP Alberto Sueiro tiró del guión de la Consellería de Medio Ambiente para justificar la medida con el fin de "evitar duplicidades" y "el malgasto de recursos públicos".

Otro frente del debate fue la reducción de servicios farmacéuticos, tanto en zonas del rural como en determinados hospitales, los de menos de 100 camas. Ahí, el diputado del PP no tuvo ningún reparo en admitir que la Xunta permite la reducción de oficinas farmacéuticas a petición de estas y "para salvar su viabilidad económica". Socialistas y nacionalistas lamentaron que el diputado popular olvidara los intereses de los usuarios, y recordaron que, entre otros, los hospitales de Cee, Barbanza, Verín, Salnés e incluso el de Valdeorras pueden perder la dispensación de medicamentos.

Del cobro de la tarjeta sanitaria el PP aseguró que solo se abonará para reposiciones por extravío, aunque el proyecto de ley, que hoy se someterá a votación, no especifica este extremo. Para la socialista María José Caride se trata de "un ejemplo claro de copago". Aymerich, mientras, preguntó al PP por qué prometía tarjetas sanitarias a los emigrantes en América "cuando su voto valía para algo" y ahora "que vale menos" endurece las condiciones. "Aunque tengan la nacionalidad, se les exige 180 días de empadronamiento en Galicia. ¿Qué ha cambiado?, ¿ya no les sirven los emigrantes como mercancía electoral, no valen la pena?", lamentó el diputado nacionalista.

A imagen y semejanza de la ley de acompañamiento, las medidas fiscales ocuparon la menor parte del debate, pese al reconocimiento de Alberto Sueiro de que incrementarán los ingresos de la Xunta en 7,8 millones de euros.