La trama de Emarsa intentó captar fondos estructurales de Rumanía

Emarsa, la sociedad de depuración del agua de Valencia controlada por el PP que fue exprimida hasta conducirla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros, pagó 66 viajes a la capital de Rumanía a varios de los directivos y empresarios imputados por el saqueo, así como a otras personas aparentemente ajenas a la empresa pública. El exgerente Esteban Cuesta y el proveedor Sebastián García declararon ante el juez, aunque con versiones contradictorias, que la explicación de tanto viaje a Bucarest era que Emarsa pretendía hacerse cargo de la dirección de depuradoras en aquel país. García dejó caer que la iniciativa estaba relacionada con fondos estructurales de la Unión Europea en aquel país. Ni la fiscal, ni el juez instructor, Vicente Ríos, creyeron esas versiones. Dichos desplazamientos no pasaron por el consejo de administración de Emarsa y tal iniciativa económica excede, además, el objeto social de la empresa pública.

El exgerente dijo que Emarsa quería dirigir depuradoras en Rumanía

Ni la fiscal ni el juez creyeron esa versión, que excedía el objeto de la sociedad

La Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), propietaria de Emarsa hasta su liquidación y personada como acusación, ha aportado a la causa 40 páginas de documentación que apuntan a que el auténtico motivo de los viajes era la puesta en marcha de negocios privados. Una de esas iniciativas empresariales, Coserex, tenía como directivos a José Antonio Arnal (hermano del exdirector financiero de Emarsa y exedil de Unión Valenciana, Enrique Arnal, imputado en la causa y cuyos desplazamientos a Bucarest a gastos pagados fueron frecuentes) y Juan Manuel García García.

Coserex, dedicada a la "prestación de servicios de internacionalización de empresas, con sede en el parque tecnológico de Paterna, realiza, según consta en su web, inversiones en Rumanía. En la misma página web de Coserex, reproducida por la Emshi en la documentación entregada al juez, se añade: "Desde el 1 de enero de 2007 Rumanía es un país miembro de la Comunidad Europea y es receptora de fondos para diferentes sectores con el propósito de mejorar la calidad de vida, los servicios, disminuir la corrupción, etc. A partir de la adhesión a la UE, Rumanía recibe Fondos Estructurales y de Cohesión, siendo después de Polonia el país que más financiación tiene asignada (...) Para el periodo 2007-2013 ascienden a 19.668 millones de euros". La Emshi concluye: "De donde se deriva que los negocios en Rumanía consisten en promover inversiones obteniendo fondos de la Unión Europea".

La fiscal ya había pedido la imputación en la causa de José Antonio Arnal, que facturó a Emersa 157.000 euros por supuestos cursos de formación a través de su empresa Arrima. Esta firma está a su vez integrada en el Grupo Coserex, según su propia página web.

La Emshi informa al juez de otras dos empresas dirigidas por los mismos socios, José Antonio Arnal y Juan Manuel García. Se trata de Mirador Aquarium Servicios (con un amplio objeto social que va desde el inmobiliario a las energías renovables) y de Técnicas de Gestión y Comunicación (dedicada a la gestión de licitaciones internacionales y de subvenciones para empresas).

La Emshi, cuyo presidente hasta julio, Enrique Crespo, alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, del PP, está imputado en la causa por malversación, estafa continuada y delitos societarios, también ha localizado haciendo negocios en Rumanía (y viajando allí a costa de Emarsa) a José Luis Sena, administrador de Notec, también imputado. Notec es la empresa que, según han declarado dos exdirectivos de Emarsa, les fue impuesta por la Generalitat con la obligación de pagarle precios muy superiores a los habituales. La empresa facturó a Emarsa más de 5,5 millones de euros en parte por aplicar un método de tratamiento de lodos que la investigación considera falso.