Estepona agiliza la legalización de 2.000 casas para recaudar fondos

Una de las grandes esperanzas del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) para recibir algo de dinero en sus maltrechas arcas es la regularización de unas 2.000 viviendas fuera de ordenamiento. El equipo de gobierno de José María García Urbano, PP, ha abierto una oficina para agilizar estos trámites y así poder cobrar lo antes posible las sanciones correspondientes.

El plan de saneamiento económico del municipio incide en que la regularización de estas viviendas, conocidas como campitos, resulta "clave" para lograr fondos en los próximos tres años. El documento también aboga por incrementar la inspección urbanística. "Cuánta mayor inspección urbanística exista, probablemente más recursos genere y más se mejorará el ahorro", recoge el informe que también apuesta por "paralizar de una vez por todas las construcciones ilegales del municipio".

La oficina de regularización de los campitos, abierta desde septiembre, sirve al Ayuntamiento para realizar un censo de las viviendas existentes en suelo no urbanizable y conocer la situación jurídica de cada una de ellas. La edil de Infraestructuras, Susana Arahuetes, asegura que se está haciendo el trabajo de campo ante la previsible aprobación del decreto para la regularización del régimen de las edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable, que está tramitando la Junta de Andalucía.

El plan para sanear la economía del municipio, aprobado el 31 de octubre por el Pleno, expone la precaria situación, con una deuda estimada de 300 millones y una plantilla de 1.362 trabajadores que se lleva el 57% de los ingresos ordinarios. El documento reclama "fuerte ajuste" en gasto de personal y habla de congelar y reducir la plantilla, redistribuir efectivos y "gestionar de forma indirecta" los servicios.

Su autor, el técnico Luis Díaz, prevé un ahorro de más de cuatro millones en costes de personal hasta 2015, y advierte de que hay que poner en marcha una "importante batería de medidas" que requerirán la negociación con sindicatos y en algunos casos autorización de la autoridad laboral. "Sin reducción del peso total del personal es imposible restablecer los equilibrios exigidos por la Ley reguladora de las Haciendas Locales", reitera.

En la última semana, el documento se ha visto envuelto en una polémica porque reproduce literalmente párrafos y reflexiones completos de otro plan de saneamiento centrado en el Ayuntamiento de León y que realizó el economista Carlos Hurtado en 2004. El Ayuntamiento de Estepona defiende que "todos los datos" que se incluyen son de elaboración propia y hacen referencia a la situación del Ayuntamiento. Sí reconocen que el plan firmado por Hurtado ha servido "de modelo" a los técnicos municipales, ya que se encuentra en la base de datos del Instituto Nacional de la Administración Pública, y añaden que, también se han consultado y estudiado otros planes, como el del Gobierno balear, de la Junta de Castilla y León o el Ayuntamiento de Mérida, entre otros.

Hurtado, jefe de los servicios económicos del Ayuntamiento de León, explica que hizo este informe como trabajo final de un master. "Recibió un 10 y me pidieron incluirlo en una base de datos de uso restringido, algo que autoricé", detalla. El autor asegura que hace unos dos años le llamaron de un ayuntamiento para pedirle permiso para usarlo y lo autorizó sin problema. "En este caso no me ha contactado nadie", asegura.