Protección para los autónomos

La prestación por cese de actividad (el desempleo de los trabajadores autónomos) cumple un año, y es ahora cuando empieza a verse su realización práctica. Su configuración constituyó un hito en la protección de este colectivo, prácticamente indefenso ante el cierre involuntario del negocio. España se ha puesto en un lugar prevalente en la protección del autoempleo.

Actualmente hay más de 500.000 autónomos cotizando por esta prestación, una buena parte de los cuales podría acceder a ella al cumplir el periodo mínimo exigido (doce meses de cotización) el próximo mes de diciembre. De ahí la necesidad urgente de habilitar los mecanismos para su aplicación. Como el reciente Real Decreto aprobado por el Gobierno con la finalidad de "articular las reglas concretas de funcionamiento, tanto en lo referente a los documentos a presentar por los trabajadores autónomos como en los procedimientos que deben llevar a cabo los órganos gestores para el reconocimiento del derecho a la protección, abono de las prestaciones reconocidas y control de las mismas".

La norma desarrolla los requisitos para acceder a la prestación: estar en alta en el régimen, al corriente de pago, solicitar la baja en el mismo, reunir el periodo mínimo de cotización, no tener la edad de jubilación, suscribir el compromiso de actividad y encontrarse en situación legal de cese de actividad. Este último es el punto clave de la prestación y su acreditación es objeto fundamental de la norma. Circunstancias tales como el cese en la actividad por motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos; por fuerza mayor; por pérdida de la licencia administrativa o el divorcio o separación del titular de la actividad son "situaciones legales de cese de actividad"; requiriendo cada una su propia documentación y tramitación.

La norma también regula ampliamente los supuestos y requisitos para acceder al pago único de la prestación y adopta medidas para garantizar la viabilidad financiera del sistema.

No estamos ante un tema baladí. En un contexto de crisis, con cifras de desempleo de vértigo, el estímulo al autoempleo se ha convertido en objetivo destacado para los partidos políticos, por su potencial motor de la economía y del empleo. Proporcionar garantías y seguridad a este colectivo, con medidas como la presente, no puede sino servir de acicate de los nuevos emprendedores.