Competencia multa con 7 millones a un cártel en el Puerto de Bilbao

El Consejo de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha resuelto imponer multas por valor de más de 7 millones de euros al Sindicato de Transportistas Autónomos de Bizkaia (Sintrabi), a Bidetrans S.L., a C.B. Bilbao S.L. y a Transmeta S.L., como "responsables del cártel en el transporte de mercancías por carretera en el Puerto de Bilbao".

En su resolución del pasado 26 de octubre, se considera que se trata de "una infracción de las más graves contra la competencia que debe regir en los mercados para que éstos puedan funcionar de acuerdo con criterios de eficiencia que garanticen una óptima asignación de recursos, en beneficio de la sociedad en su conjunto".

Con este fallo se actualiza una polémica que durante años ha venido rodeando al sistema de transporte de mercancías del Puerto de Bilbao, y en el que se han sucedido actuaciones judiciales.

Se repartían los clientes y fijaban los precios según la carga y la distancia

Los miembros tenían su número acreditativo para acceder al puerto

Tras analizar todo el proceso abierto desde la apertura de las infracciones hasta la resolución de las alegaciones, Competencia ha resuelto imponer al Sindicato de Transportistas Autónomos de Bizkaia una sanción de 4.608.162 euros, a Bidetrans S.L. de 1.436.857 euros, a C.B. Bilbao S.L. de 1.034.107 euros y a Transmeta S.L. de 332.966 euros. Eso sí, declara prescritas las infracciones de 20 de las empresas implicadas, declarando asimismo la no acreditación de práctica prohibida en Transportes Uribe S.A.

Cabe recordar que en diciembre de 2001, el antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia sancionó a Sintrabi, a la asociación de consignatarios y a más de 40 empresas de transporte por "formar parte de un cártel en el que se fijaban las tarifas, los descuentos a aplicar y otras condiciones comerciales en el ámbito del transporte de mercancías por carretera". La conducta sancionada fue ratificada primero por la Audiencia Nacional en febrero de 2005 y después por el Tribunal Supremo en marzo de 2008.

Según se recoge en la resolución, ante "el aparente mantenimiento de la situación cartelizada" en el Puerto de Bilbao, el Gobierno vasco instó en 2005 a la actuación de la Fiscalía, de lo que se derivaron "inspecciones domiciliarias" realizadas por la Ertzaintza tanto en la sede de Sintrabi como de algunas empresas de transporte.

Tras los informes policiales realizados con la información incautada, la Audiencia Nacional dictó en agosto de 2008 auto en el que se ordenaba el traslado de dichos informes a la Comisión Nacional de la Competencia, por entender que "las prácticas de restricción de la competencia se seguían llevando a cabo" tras la resolución dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia en 2001 y por la Audiencia Nacional en 2005. Por este motivo, la División de Investigación deCompetencia acordó, a finales de 2009, incoar un expediente sancionador contra Sintrabi y 25 empresas relacionadas con el transporte terrestre en el Puerto de Bilbao.

El organismo concluyó que, "en efecto, desde 2002 y al menos hasta 2006, la operativa de funcionamiento en lo referente al transporte de mercancías por carretera en el Puerto de Bilbao, y al menos para distancias inferiores a 200 kilómetros, estaba controlada por Sintrabi, contando para ello con la colaboración de una serie de empresas de transporte con base operativa en el puerto".

Según los datos ofrecidos por Competencia, los transportistas debían portar números identificativos previamente distribuidos entre los participantes en el cártel, que les servían para poder franquear el acceso al puerto. Además, "los participantes en el cártel se repartían los clientes, fijaban los precios en función de las distancias y el tipo de carga, y controlaban y vigilaban el cumplimiento de los acuerdos" y, además, existía "un mecanismo de presión para hacer cumplir dichos acuerdos, que era ejecutado y financiado por los propios participantes del cártel mediante la creación de la figura de los vigilantes".