CiU mantiene la cifra de multas lingüísticas del tripartito

Convergència i Unió (CiU) nunca aplicó las multas previstas en la ley de política lingüística en su anterior etapa de Gobierno, con Jordi Pujol al frente. Fijó las sanciones en la norma que entró en vigor en 1998, pero nunca las impuso a ningún comerciante por no rotular en catalán. El tripartito sí lo hizo, y alcanzó el récord de sanciones en 2008, con 209 multas. En su vuelta al Gobierno, CiU mantiene el ritmo de sanciones que heredó del tripartito. En el primer semestre de 2011, con los nacionalistas ya en el Ejecutivo, se impusieron 107 sanciones por no rotular en catalán, más de la mitad que en todo el año anterior: el último Gobierno cerró 2010 con 205 sanciones. El importe de cada multa es de 600 euros.

El Gobierno de Pujol aprobó la ley, pero nunca denunció a comerciantes

La Agencia Catalana de Consumo ha revisado 1.062 denuncias hasta junio de este año. "La cantidad de sanciones es muy baja, solo un 10%. Son infracciones muy leves y de fácil solución", apunta el director de la Agencia Catalana de Consumo, Alfons Conesa. En Cataluña, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, de 2009, hay más de 78.000 comercios.

Todos están obligados a cumplir la ley de política lingüística que establece que la rotulación de los establecimientos debe estar, al menos, en catalán. Cuando se decidió a imponer las primeras multas, el Gobierno tripartito estableció que se darían facilidades para que los comerciantes inspeccionados cambiaran el cartel: "Si hay voluntad de rotular en catalán, no hay sanción", resumía el anterior director de la agencia, Jordi Anguera. Conesa apuesta por seguir en esta línea: "No queremos sancionar y recaudar. Solo queremos que la ley se cumpla", defiende. El actual director de la Agencia Catalana de Consumo lo tiene claro: solo se multa a los comerciantes que no quieren cambiar sus rótulos. "Es una cuestión de voluntad. Cuando hay una inspección, se señalan las deficiencias y se da un mes para solucionarlas. Si se arregla, el expediente se archiva", remarca Conesa, que prefiere no evaluar la pasividad de CiU con las multas en su anterior etapa de Gobierno.

Pese a que la atención de los partidos políticos contrarios a las multas lingüísticas -PP y Ciutadans- se centra en la protección del catalán, la Generalitat también protege el castellano, según marca la legislación vigente. Aunque el incumplimiento en este campo es mucho menor: el Gobierno catalán multó en 2010 -los últimos datos de los que dispone la Agencia Catalana de Consumo-, a nueve empresas por no etiquetar en castellano. Un número reducido tras multar 94 empresas por este motivo en 2009. Estas multas, que pueden alcanzar los 10.000 euros, cumplen con las 120 normas que obligan a etiquetar los productos, al menos, en castellano. Conesa explica el descenso: "Afectan a las empresas que importan alimentos, y cada vez conocen más las normas". Hay una única excepción en las reglas de etiquetaje: los alimentos tradicionales, que pueden estar etiquetados solo en catalán. Al tratarse de productos de denominación de origen, la Generalitat no ha multado a ninguna empresa por saltarse este precepto.