La Generalitat debe a los contratistas de obra pública unos 2.000 millones

Las empresas de obra pública llevan meses sin un contrato que llevarse a la boca a raíz de la crisis y de los recortes presupuestarios de las Administraciones públicas. Ayer, el director gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, Manuel Miñés, estimó en 2.000 millones de euros la deuda viva que tiene la Generalitat con el sector de la obra pública, que solo en dos años ha perdido a más de 5.000 autónomos, microempresas y pymes. Una decena de personas, entre empresarios, técnicos y cargos autonómicos, debatieron ayer en Valencia sobre el uso de la Colaboración Público-Privada (CPP) en la construcción de infraestructuras públicas.

"Nos hemos hartado de decirlo. Si seguimos así, vamos a desaparecer. No se está licitando nada", dijo desde el público uno de los empresarios asistentes. La licitación de la Generalitat se ha reducido en cinco años a la décima parte y la del Estado, un 81% en los últimos tres años.

El sector no cree que remonte la situación antes de 2017

El PIB 'per capita' ha pasado del 97% de 2000 al 88,4% de ahora

La CPP es un sistema de financiación poco empleado en la Comunidad Valenciana, pero que serviría para relanzar un puñado de obras públicas víctimas de los recortes. Son los colegios licitados por la empresa pública Ciegsa por 200 millones de euros, los complejos judiciales de varias localidades valencianas por otros 350 millones de euros, y el plan de depuradoras que el ente público EPSAR planificó por 500 millones y que también se paró.La consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, no escuchó las quejas del sector porque solo se quedó a la inauguración. En el acto, la consejera defendió la fórmula de colaboración público privada -como instrumento financiero- para sacar adelante infraestructuras estratégicas para la autonomía. Y vendió entre los empresarios las inversiones del Plan Confianza que acomete la Generalitat.

De su departamento sí estuvo en la mesa de los ponentes el director general de Transporte y Logística de la Generalitat, Vicente Dómine, que defendió el papel jugado por la Generalitat en los últimos 15 años. "Las circunstancias de los últimos cuatro o cinco años han sido brutales. Ha habido una falta de apoyo del Estado" y empresas que han diversificado sus beneficios en sectores de alto riesgo. "Necesitamos mantener un porcentaje de nuestro PIB para inversiones en infraestructuras semejante al de otros países", dijo Dómine sin concretar más. Eso y seleccionar "muy bien" los proyectos. El secretario autonómico aseguró que el grueso de la inversión en los próximos años será presupuestaria, a pesar de que hasta ahora lo único que ha habido son recortes.

Para el gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñés, el problema viene de lejos y tiene que ver con la infrafinanciación que han sufrido los valencianos. Si se analiza la inversión productiva de 2000 a 2011, apuntó Miñés, y el número de habitantes, la Comunidad Valenciana siempre ha estado en un PIB per cápita inferior a la media española. "Tanto con unos como con otros", subrayó el gerente. En el periodo de gobierno del PP, entre 2000 y 2004, los valencianos recibieron 4.789 millones de euros menos que la media, y en el periodo de 2004 a 2011 -en que gobierna el PSOE- otros 4.600 millones menos. En total, los valencianos han dejado de percibir algo más de 9.400 millones de euros. "Nos han machacado, da igual el signo político", reiteró tras exponer estas cifras. El PIB por valenciano representa hoy el 88,44% de la media española, cuando en el año 2000 era del 97%.

Con estas cifras encima de la mesa, el ambiente era de pesimismo. Hay un montón de ejes prioritarios [para la Generalitat] que no salen adelante, se quejaron los contratistas. El presidente de Fecoval -asociación que reúne a las empresas de obra pública-, Eduardo Beut, habló de una pérdida de empleo de 140.000 personas. "Es una reconversión equiparable a la naval", comentó Beut en los pasillos. En los últimos años se han quitado del mercado de las infraestructuras públicas unos 50.000 millones de euros. También se dieron los peores pronósticos acerca de la recuperación del sector. "Hasta 2017 no se levanta [el mercado]", auguró Manuel Miñés en el mismo tono.

Durante este periodo tan crítico, la morosidad de las Administraciones públicas hacia los contratistas ha crecido exponencialmente. Según datos de Seopan -patronal española de obra pública- el periodo de cobro del Estado ha pasado de los 129 días de 2006 a los 175 de 2010 (dato provisional). En las comunidades autónomas se ha pasado de los 141 días a los 198 y en la Administración local, de 173 a 230.

Las empresas soportan con dificultad estas tasas de morosidad, apuntó el gerente de la Cámara de Contratistas. Y en ese capítulo están incluidos los cobros que ya se creían cerrados y que, en ocasiones, reciben las empresas porque las Administraciones públicas no los sufragan en el plazo estipulado. Para aliviar esta situación, los contratistas reclaman al sector público que les compense las deudas tributarias, IVA incluido, así como los pagos a la Seguridad Social.

"Todos estos datos financieros nos deben hacer recapacitar sobre la débil estructura de nuestro tejido productivo", agregó Miñés. Nicolás Jannone, del Instituto Valenciano de Finanzas, recordó que la CPP se empleó en Reino Unido en los años ochenta para construir infraestructuras públicas con los criterios de eficacia del sector privado. "Aquí nunca se ha dado ese enfoque anglosajón, solo se ha tenido en cuenta si computaba o no como déficit", aseguró.