Cabré siembra dudas sobre la actuación de la justicia

El consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, respaldó ayer las críticas del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, hacia la actuación de la justicia en la Comunidad Valenciana. El lunes, en un acto en Madrid, Fabra cuestionó la falta de equilibrio e independencia "a la hora de aplicar la justicia" en perjuicio siempre, según él, del mismo partido, esto es del PP.

Preguntado, Cabré respondió primero que la responsabilidad de su cargo y su estrecha relación con jueces y fiscales le impedían pronunciarse, para a continuación afirmar: "Ayer vimos lo que vimos", en referencia a la absolución de Jorge Bellver, concejal de Urbanismo de Valencia y diputado autonómico. Cabré acabó reclamando explicaciones "a quienes han dado lugar" a que el juicio de Bellver se celebrase. "Estoy convencido de que podrán dar explicaciones absolutamente razonables de por qué hemos llegado a esto y por qué un señor ha tenido que estar durante más de un año sometido a un procedimiento judicial en el que una sentencia acaba diciendo que no hay el más mínimo indicio de responsabilidad", dijo.

Cada funcionario solo podrá gastar 10 euros al trimestre en material de oficina

Cabré, que antes de incorporarse al Gobierno del expresidente Francisco Camps ejercía como fiscal, admitió que no había leído la sentencia. Y tampoco quiso aclarar si su crítica se limitaba al fiscal del caso Bellver o también a los cuatro jueces que avalaron la apertura del juicio oral.

El consejero presentaba el plan de ahorro de su departamento para el año que viene, con el que pretende ahorrar 4,4 millones de euros. Cada funcionario solo podrá gastar 10 euros al trimestre en material de oficina (ahorro estimado de 400.000 euros). Las fotocopias serán sustituidas por el escaneo de documentos (50.000 euros). El uso del taxi será reducido a cambio de extender el uso de las videoconferencias (700.000 euros). La mudanza a sedes propias ahorrará 778.000 euros. El mantenimiento de todas las sedes judiciales será adjudicado a una única empresa a cambio de un descuento (400.000). El papel de oficio será sustituido por papel normal (un millón de euros). Los folios se imprimirán a doble cara (181.000) y las notificaciones se harán por Internet (150.000), entre otras medidas.