El Banco de España y el colapso de las cajas

La nacionalización de Unnim, Catalunya Caixa y Nova Caixa Galicia viene a certificar la defunción del mapa bancario resultante del proceso de desregulación de la década de los ochenta. Hasta el estallido de la crisis financiera internacional, el 50% de la actividad bancaria recaía en más de cincuenta cajas de ahorros, con estructuras de gobierno propias de entidades sin ánimo de lucro. Tras la reestructuración acometida por el Banco de España, la actividad bancaria en nuestro país recaerá mayoritariamente en los bancos comerciales, que cuentan con una gobernanza equiparable a la de cualquier entidad financiera internacional.

Atribuir la responsabilidad de lo sucedido a la debacle inmobiliaria, como si esta se tratara de una catástrofe natural sobrevenida, derivada de factores externos que escapaban a nuestro control, es sencillamente pueril. Todas las entidades de crédito tenían la posibilidad de conseguir financiación en los mercados internacionales, y para todas ellas era relativamente sencillo otorgar créditos a constructores y promotores. Sin embargo, no todas ellas decidieron asumir el mismo nivel de riesgo. Como sugiere la Teoría, y confirma ampliamente la evidencia empírica disponible, las entidades financieras que más riesgo asumieron fueron aquellas que disponían de un gobierno corporativo más débil: las cajas de ahorros.

La principal responsabilidad del supervisor fue no calibrar debidamente el problema

En un contexto de fuerte crecimiento de la actividad económica, las cajas de ahorros quisieron asumir más riesgos y, por desgracia, pudieron hacerlo. Siguiendo el mantra económico de la época, el legislador había optado por desregular el sector en la década de los ochenta, permitiendo que las cajas obtuvieran financiación en los mercados internacionales y facilitando su expansión geográfica por todo el territorio nacional. Se pensó que la desregulación aumentaría la competencia en el sector; y la competencia, a su vez, disciplinaría a las entidades y facilitaría el acceso al crédito de empresas y familias. De hecho, durante algún tiempo, la estrategia pareció funcionar. Las cajas eran tan rentables como los bancos, adquirían entidades financieras de tamaño medio y ganaban paulatinamente cuota de mercado.

Sin embargo, y con anterioridad al estallido de la burbuja inmobiliaria, también había indicios de que las cajas de ahorros empezaban a asumir mayores riesgos que los bancos: la probabilidad de impago de los créditos comerciales que otorgaban era mayor, el ritmo de crecimiento del crédito era muy superior, y su actividad se hallaba cada vez más concentrada en torno al ladrillo. A pesar de la mayor competencia inducida por la desregulación, continuaba siendo difícil disciplinar a sus consejos de administración. Distintos estudios ponían de manifiesto que la antigüedad en el cargo de los principales ejecutivos era generalmente mayor en las cajas que en los bancos comerciales, y que su continuidad al frente de la institución que gestionaban era mucho menos sensible a los indicadores de rentabilidad.

Sin embargo, el supervisor no actuó a tiempo, seguramente porque no calibró debidamente la dimensión real del problema. En mi opinión, esta es la principal responsabilidad del Banco de España en esta crisis. Desreguló unas entidades financieras que, por su tamaño, eran una pieza clave de la arquitectura financiera de nuestro país, sin dotar a las entidades desreguladas de unos mecanismos de gobierno adecuados, que facilitaran el control interno de los riesgos. Se abandonó un equilibrio que funcionaba, sobre la base de un gobierno corporativo débil y una regulación fuerte, a cambio de un equilibrio alternativo, consistente en un gobierno corporativo débil y una regulación débil, que permitía a las cajas competir con los bancos comerciales. De no haberse producido la burbuja inmobiliaria, cualquier otra circunstancia habría desencadenado la crisis del sector, porque tras la desregulación, era el propio modelo bancario el que estaba condenado a fracasar, como sucedió con las Savings and Loans en los Estados Unidos en la década de los ochenta, las cooperativas de crédito japonesas al principio de la crisis bancaria de los noventa o las cajas de ahorros coreanas en los últimos meses.

Con toda probabilidad, nuestra situación económica actual sería muy diferente si se hubiera promovido a tiempo una reforma de los órganos de gobierno de estas entidades para adaptarlas a su nueva realidad. Y no porque la politización de las cajas haya retrasado la búsqueda de soluciones en el periodo de crisis, sino porque contribuyó a exacerbar los desequilibrios de nuestro sistema bancario durante la etapa de expansión. La gran lección de esta crisis es que los beneficios de la desregulación dependen de las estructuras de gobierno de las entidades previamente reguladas. Desgraciadamente, la interacción entre la desregulación y la gobernanza débil de las cajas de ahorros españolas provocó unos resultados desastrosos.

Manuel Illueca es profesor del departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I de Castellón e investigador del IVIE.