El Sergas cobrará 10 euros por la renovación de la tarjeta sanitaria

La tarjeta sanitaria para una cobertura universal y gratuita del Sergas costará 10 euros. Es el precio que tendrá la emisión de un nuevo cartoncillo plástico a partir del 1 de enero del 2012 si el usuario la pierde o se despista con la caducidad y no la renueva en plazo. El proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos del año próximo que ayer aprobó el Consello de la Xunta incorpora esta tasa aplicable a todos los beneficiarios del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Se cobrará por la "renovación o reposición" de una tarjeta que hasta la fecha ha sido siempre gratuita. Al Consello Económico e Social de Galicia (CES) le parece que esta propuesta "debe de ser un error" y propone "eliminarlo".

Críticas de ONG a las restricciones para que los extranjeros logren la tarjeta

El último dictamen del CES, repleto de críticas al flamante proyecto de medidas fiscales y administrativas del Gobierno gallego, considera que plantear esa tasa es, en primer lugar, un "error" que en todo caso tendría un coste "exagerado". Señala que "no está prevista la renovación de la tarjeta porque no tiene caducidad" (algunas sí tienen fecha de expiración) e incide en que su precio es excesivo para un "documento imprescindible para la asistencia sanitaria". Propone eliminarla directamente, o bien, limitarla "en los supuestos de reposición en los que no haya responsabilidad del usuario".

No es la única sorpresa que encierra el articulado de la ley autonómica, que también pone trabas al acceso a la tarjeta sanitaria para los extranjeros. Los ciudadanos de otros países tienen derecho, reconocido por las leyes de Salud y Extranjería, a la cobertura sanitaria con independencia de la situación legal de la persona hasta el alta médica. Sanidade asegura que la asistencia está garantizada en todos los casos y que únicamente se restringe el acceso a la tarteja. La medida, según el Sergas, se limita a seguir recomendaciones de la Comisión Europea y del Ministerio de Sanidad para evitar un fraude común, ya que algunos extranjeros se hacen con la tarjeta de un país en el que no residen y luego la utilizan en toda Europa.

El reglamento ya se había publicado en el DOGA el 9 de septiembre bajo la premisa de "actualizar" el procedimiento que reconoce el derecho a la asistencia sanitaria a "personas sin recursos económicos suficientes y desempleados". En la práctica, a partir del próximo 1 de enero, el Sergas exigirá una antigüedad mínima en el padrón de 183 días antes de autorizar la tarjeta, indispensable para toda consulta o receta médica. El no disponer de tarjeta puede limitar el acceso a la atención primaria en los centros de salud. Los inmigrantes recién llegados o en situación irregular que no se hayan empadronado por miedo, desconocimiento o para burlar a la policía, no dispondrán de ella hasta pasado medio año con domicilio fijo. Esto podría dejar a algunos colectivos (inmigrantes, indigentes o prostitutas) en una suerte de de vacío sanitario de seis meses para las consultas y enfermedades más frecuentes, con la excepción de menores y embarazadas.

A Felipe Noya, portavoz de Médicos del Mundo, le parece que la propuesta bordea la ilegalidad porque "limita leyes superiores" y señala que algo muy similar se planteó en Cataluña. La ONG critica con dureza que la Administración gallega plantee "rebajar un derecho en lugar de garantizarlo". "Atenta gravemente contra las posibilidades de las personas desfavorecidas de acceder al sistema sanitario". La entidad considera que es "un error manifiesto" y señala que los inmigrantes "aportan más a la economía de lo que reciben de la sanidad".