Un directivo conecta el 'caso Emarsa' y el 'caso Gürtel'

La investigación del saqueo de la empresa pública Emarsa, dedicada a la depuración del agua de Valencia, afectaba hasta ahora a cargos locales del PP. El juez ha imputado al exgerente de la sociedad, Esteban Cuesta, al que la dirección del partido mantiene como dirigente en la ciudad de Valencia, por los supuestos delitos de malversación, estafa continuada y delitos societarios. Y la fiscal del caso ha solicitado la imputación de Enrique Crespo, expresidente de Emarsa, alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de la Diputación de Valencia, también del Partido Popular, por los mismos delitos. Las declaraciones ante el juez de dos de los acusados apuntan, sin embargo, a la implicación de la Generalitat.

Cuesta y el exjefe de medio ambiente de Emarsa, Adolfo Polo, han afirmado ante el juez que la Epsar, la entidad de saneamiento del agua de la Comunidad Valenciana, que tiene como presidente nato al titular de la Consejería de Agricultura, impuso a Emarsa la contratación de unas de las empresas ahora investigadas por el saqueo de la sociedad pública. Según los imputados, la entidad del Consell les dio instrucciones, además, para que pagasen a dicha empresa precios muy por encima de los del mercado y para que no pusieran trabas a las irregularidades que cometía la firma respecto al destino real de los lodos que debía tratar.

La empresa beneficiada era Notec, que facturó 5,5 millones de euros por trabajos que según la investigación no coinciden con los verdaderamente ejecutados, motivo por el que el juez ha imputado a su administrador.

Comparecencia

El gerente de la Epsar hasta el verano fue José Juan Morenilla. Tras abandonar la entidad de la Generalitat, Morenilla fue contratado por Facsa, una de las ocho empresas cuyos responsables han sido imputados en el caso Gürtel por financiar ilegalmente al PP valenciano.

La secretaria general de los socialistas de la provincia de Valencia, Carmen Martínez, anunció ayer que su partido pedirá la comparecencia en las Cortes de la consejera de Infraestructuras y Medio Ambiente, Isabel Bonig, para que explique la "evidente incompatibilidad" en la que habría incurrido Morenilla. Según publicó ayer Levante-EMV, el directivo fichó por Facsa después de que la sociedad pública que dirigía adjudicara a la empresa contratos por importe de 30 millones de euros.