El caso de la residencia de Massamagrell podría cerrarse con un acuerdo

Los abogados de los cinco acusados del incendio registrado en marzo de 2006 en una residencia de Massamagrell, donde fallecieron cinco discapacitados psíquicos, negociaban ayer con el fiscal llegar a una conformidad para evitar la prisión de sus clientes. Por eso, el juicio, previsto para ayer, fue aplazado a hoy.

El pacto consistiría en que los acusados reconocieran los hechos y aceptaran unas penas menores de las que inicialmente pedía el fiscal, que eran de siete años y medio de cárcel por homicidio imprudente (aunque solo para cuatro de ellos, porque la enfermera solo está acusada por la acusación particular). El ministerio público también reclamaba una indemnización de 120.000 euros para los herederos de los fallecidos.

Si se llega a un acuerdo, la conformidad implicaría que algunos no tuvieran condena; que a otros se les rebaje la acusación de delito a falta y que alguno tenga una responsabilidad un poco mayor, pero limitada, según el abogado de uno de los imputados. Entre los acusados figuran el director y otros cuatro trabajadores de la residencia.

Según el fiscal, el 28 de junio de 2006 cinco internos, la mayoría con graves problemas psíquicos y de movilidad, se hallaban en la enfermería cuando el más joven, de 30 años, cogió el cable que alimentaba el colchón antiescaras en la cama y, debido a una anomalía eléctrica, se desencadenó un sobrecalentamiento por resistencia que provocó el incendio.

La enfermería se encontraba en esos momentos cerrada con llave. Un hecho que según el abogado de uno de los acusados estaba "perfectamente autorizado y protocolizado por el médico-forense y por la conselleria".