Los peritos ratifican que el exjefe de policía marbellí tenía armas ilegales

La 99ª jornada del juicio del caso Malaya discurrió ayer a velocidad de crucero y sin los sobresaltos del lunes y el martes, en forma de confesiones de culpa de algunos acusados. La rápida sesión de ayer se centró en el análisis de las armas supuestamente ilegales halladas en un despacho anexo al del exjefe de la Policía Local de Marbella hasta marzo de 2006, Rafael del Pozo.

El 29 de marzo de 2006, día en que se inició la Operación Malaya contra la corrupción marbellí por orden del juez Miguel Ángel Torres, los investigadores realizaron un registro en las dependencias de la Policía Local. Antes de iniciarse este trámite Del Pozo avisó al agente al mando del registro de que en un armero de la habitación anexa a su despacho oficial se guardaban tres pistolas -de las marcas Llama Super Police, Búfalo y FN- que carecían de la obligatoria guía de pertenencia. En este documento, expedido por la Guardia Civil, se hace constar la identidad del propietario y la licencia para el uso de armas de fuego correspondiente.

Las pistolas carecían de los documentos de propiedad obligados

Además, dos de estas pistolas, que funcionaban correctamente, carecían de los troqueles obligatorios del Banco Oficial de Pruebas de armas de fuego.

El pasado lunes, Del Pozo aseguró que estas armas le fueron entregadas en el Club Financiero Inmobiliario, sede del gobierno del alcalde Jesús Gil en Marbella, y que allí le dijeron que pertenecían al padre de un sobrino político del fallecido regidor, militar de profesión. Del Pozo aseguró que las armas nunca fueron disparadas. Ayer, los peritos de la Guardia Civil certificaron que las pistolas no estaban documentadas, por lo que su posesión y custodia era "ilegal".

Del Pozo, abogado desde el pasado julio, se sentó ayer en el estrado de los letrados. El exjefe policial está acusado, además de por tenencia ilícita de armas, por cohecho pasivo y delitos contra la administración de justicia. Según la Fiscalía, Del Pozo recibió del supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, no menos de 126.000 euros a cambio de mantenerle informado de cualquier investigación de que pudiera ser objeto. El fiscal pide para él un total de cuatro años de prisión, dos de inhabilitación y una multa de 300.000 euros.

Ayer, la Fiscalía retiró la acusación de falsedad documental que pesaba contra Javier Pérez Villena, hijo del empresario Ismael Pérez Peña, que el pasado lunes sorprendió a todos los procesados al admitir que había entregado 180.100 euros a Roca y cuatro vehículos a la exalcaldesa Marisol Yagüe a cambio de la adjudicación del servicio de grúa. La confesión formaba parte de un pacto entre Pérez Peña y la fiscalía por el cual el empresario admite su culpa y el ministerio público solicita una pena inferior por los delitos de los que le acusa. En el acuerdo, Pérez Peña se hacía responsable del delito que afectaba a su hijo, que ha quedado definitivamente absuelto.