Detenido otro alcalde murciano del PP por corrupción
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron ayer al alcalde de la localidad murciana de Aledo (1.055 habitantes), Simón Alcaraz (PP), como presunto integrante de una red corrupta compuesta por siete personas más. Alcaraz, el séptimo alcalde (cinco del PP y dos del PSOE) de la región de Murcia arrestado por delitos urbanísticos, pertenece a la Junta Directiva Regional de los populares.
El titular del Juzgado del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo, imputa a los miembros de la presunta trama la autoría de los delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios. Junto al regidor de Aledo, que gobierna desde hace 21 años, también fueron detenidos la secretaria municipal del Ayuntamiento, Rosario Hita, y el ingeniero Domingo Peñalver. Otros implicados son Francisco J. Redondo; Francisco J. Mena; la abogada Encarnación Martínez; José D. Buendía; el técnico de la Consejería de Sanidad de Murcia Gabriel Carrión; y el letrado Francisco Javier Conejo, que fue arrestado en su despacho de Alicante.
Las detenciones tienen su origen en la investigación iniciada en 2007 por los agentes de la Guardia Civil bajo la dirección del fiscal Juan Pablo Lozano y del juez Andrés Carrillo, que fue bautizada como Operación Biblioteca y en la que fueron arrestados, entre otros, el exalcalde de Librilla José Martínez García y el edil de Urbanismo de ese municipio, Pedro Martínez Muñoz.
Concursos simulados
Fuentes del caso confirmaron a EL PAÍS que la operación de ayer es continuación de la de Librilla, por lo que se puede constatar en ambos municipios el mismo modus operandi. Los arrestados adjudicaban contratos y parcelas en concursos simulados, ya que todas las empresas litigantes tenían un mismo propietario. En este sentido, la exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Aledo María Pallarés aseguró que el alcalde de municipio ha sido detenido por la adjudicación "irregular" de obras a las empresas Urbisan, Urdemasa y Urvitec Levante, que en el fondo son "una misma compañía".
En el Gobierno regional (PP) aseguraron ayer que esta actuación policial no tiene nada que ver con la gestión del Ejecutivo autonómico.
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