La reforma que nadie quiere

La ministra Rosa Aguilar ha sido clara al definir la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que Bruselas ha presentado para el periodo 2013-2020: "Le han dado un hachazo mortal a la agricultura". Y Andalucía, que es la primera región española con más ayudas y la cuarta de Europa, parece haber recibido el impacto más grande. El partido no ha hecho más que empezar porque el debate se prolongará durante un año, pero el primer documento se ceba con el campo andaluz.

- Ayudas sin obligación de producir. La introducción de la tasa plana o ayuda homogénea por superficie es, sin duda, el aspecto más polémico de la reforma y el que puede tener mayor impacto en Andalucía. Las organizaciones agrarias alertan de que la medida supone una seria amenaza para el empleo agrario (10% del total andaluz) al primarse la simple posesión de tierras y no la producción. La COAG estima que pueden aflorar unos tres millones de hectáreas que nunca han producido y que ahora podrían beneficiarse de las ayudas. "¿Dónde estaban estos millones de hectáreas? Es el momento de decir si estamos dispuestos a subvencionar de igual manera una hectárea de olivar, de algodón o de tomate productiva, y una hectárea de erial, de barbecho o de pasto", se lamenta Agustín Rodríguez, de la UPA.

El olivar y los cultivos del Bajo Guadalquivir, los más afectados

La ayuda media, ahora de 414 euros por hectárea, puede pasar a 125

- Cultivos y territorios más perjudicados. La supresión de los derechos históricos en detrimento de la ayuda lineal por superficie pone contra las cuerdas a cultivos como el olivar (con una ayuda media en la actualidad de 700 euros por hectárea), al algodón (1.500) o al arroz (1.000) y también perjudicaría notablemente a la ganadería intensiva sin base territorial, como el vacuno que ahora recibe unos 200 euros por vaca nodriza. La ayuda media en términos generales está ahora en la comunidad en unos 414 euros, pero con la propuesta de Bruselas quedaría en el entorno de los 125 euros, según el primer estudio realizado desde Asaja. "Andalucía es la gran perjudicada de Europa, es cargarse los sectores productivos", sostiene Antonio Caro, coordinador de los servicios técnicos de Asaja y agricultor de Lebrija (Sevilla). Jaén, que acapara casi la mitad de las ayudas de pago único por el monocultivo del olivar, y las zonas regables del Bajo Guadalquivir serían los territorios peor parados, con pérdidas que pueden llegar al 60%.

- Tramo verde del 30%. Un 30% de las ayudas se repartirá en función del cumplimiento de criterios medioambientales, lo que se conoce como el tramo verde. Desde el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE) se aplaude la medida, pero se la considera insuficiente. "No se puede seguir manteniendo un sistema como el actual, que no da respuesta a la pérdida de biodiversidad y el cambio climático", indica José Luis García, director del CAAE. En su opinión, la propuesta puede favorecer a la ganadería extensiva de la dehesa, "que debe dejar de ser la hermana pobre de la PAC pese a desempeñar un papel fundamental con el medio ambiente". Pero la Junta y el sector agrario ven excesivo este tramo verde: "No puede haber producción sostenible sin hombres y mujeres en el campo. Para que en las zonas rurales se cuide el medio ambiente tiene que haber población en ellas y la gente no vive del aire, sino de su trabajo y de precios razonables por sus productos. La propuesta lo que hace es invitar al abandono", sostiene Eduardo López, de COAG.

- Menos dinero para los terratenientes. La reforma plantea un recorte progresivo de las ayudas más grandes (del 20 al 70% según los tramos) y fija su techo máximo en 300.000 euros, una medida que busca una mejor redistribución y primar a los agricultores en activo en detrimento de los terratenientes. Era una de las peticiones que hacía la Junta de Andalucía, que entiende que el actual reparto "deslegitima las ayudas", ya que poco más del 1% de los perceptores se lleva el 20% de los fondos, y dos tercios de las explotaciones que tienen menos de cinco hectáreas acaparan solo el 15%. Solamente la patronal agraria Asaja ha criticado esta medida, que considera "obedece más a criterios meramente políticos que a razonamientos económicos". Y es que se alerta sobre el impacto de esta propuesta en "las empresas agrarias más viables, que han invertido en alcanzar una dimensión en su explotación, o en las distintas formulas asociativas que buscan posicionarse mejor en el mercado concentrado la oferta".

- El relevo generacional no se garantiza. La falta de relevo generacional es uno de los males endémicos del campo. Tan solo en Andalucía, en los últimos tres años se han cerrado más de 12.000 explotaciones, y apenas el 4,5% de los agricultores tiene menos de 35 años. Pues bien, la propuesta de la PAC contempla que los Estados destinen solo un 2% del sobre nacional para favorecer la incorporación de jóvenes. Tampoco contribuye mucho la definición que se hace de agricultor activo, que para Bruselas debe ser el que recibe al menos un 5% de su renta de la actividad agraria, pero que las organizaciones agrarias creen que se debe elevar el porcentaje al 25% de la renta y que el agricultor esté de alta en la Seguridad Social Agraria.

- Sin mecanismos de regulación de mercado. Las ayudas suponen el 40% de la renta de los agricultores, pero el otro 60% llega vía precios. Pero la propuesta de reforma apenas presta atención a los mecanismos de regulación de mercado, que el sector considera imprescindibles para atajar el desequilibrio en la cadena alimentaria y la persistente crisis de precios que está asfixiando a agricultores y ganaderos. Desde la UPA se echa de menos un código de buenas prácticas comerciales para frenar la "política abusiva" de la gran distribución; el desarrollo de instrumentos de concentración de la oferta o la puesta en marcha de contratos-tipo efectivos entre industria y productores.