Tres preguntas y una gran indignación

Tiempo pasado: en febrero de 2010 el Gobierno socialista presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la ley gallega de cajas que, aprobada por PPdeG y BNG en el Parlamento gallego, pretende renovar sus órganos de gobierno. En paralelo, la Xunta reúne a los directivos de las dos cajas gallegas para impulsar su fusión. En mayo estas gestiones desembocan en el acuerdo para la fusión, que establece la permanencia de todos los directivos de las cajas. En el mes de julio el Tribunal Constitucional no aprecia indicios de inconstitucionalidad en lo relativo a la renovación de los órganos de gobierno que preveía nuestra ley, por lo que levanta la suspensión de una renovación que ya no es posible como consecuencia del acuerdo de fusión. Un acuerdo que el Banco de España aprueba en noviembre de 2010 destacando "la solvencia, rentabilidad y liquidez de la nueva entidad".

La reputación de una institución básica como el Banco de España queda muy dañada

Tiempo presente: NCG, entidad resultante de la fusión, ha cedido todo su negocio financiero a un banco (NCGB) y la inmensa mayoría de su capital es propiedad del Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo creado por un decreto del Gobierno socialista que introduce condiciones leoninas de capitalización a las cajas de ahorros para obligarlas a convertirse en bancos, y que establece que, de no conseguirse esa capitalización en los mercados, será el propio FROB quien aporte recursos de acuerdo con la valoración de las cajas que el mismo FROB realice, valoración no susceptible de recurso.

Tiempo futuro: NCGB está presidida por el ejecutivo gallego de mayor éxito de las últimas décadas, que está tratando de capitalizar el banco en un entorno tan hostil que el propio Estado (el que impone necesidades y tiempos para esa capitalización) suspende la privatización de una de sus joyas de la corona, Loterías, por los bajos precios que va a obtener.

Primera pregunta: ¿A quién interesa que NCGB salga adelante; y a quién beneficiaría y perjudicaría, Galicia incluida, que la mitad del ahorro gallego esté gestionado desde una entidad aquí domiciliada? Segunda pregunta: si de las 45 cajas que existían hace un par de años en España apenas quedan 15 y en todas ellas hay indemnizaciones como las de NCG, ¿cuál es el motivo para que sean las de NCG, junto con las de la CAM (intervenida y con sus directivos sancionados), las únicas que abren informativos y telediarios en toda España? Tercera pregunta: ¿No estaremos ante una operación de justificación de la venta a precio de saldo de la mitad del sistema financiero español a base de desprestigiar a las cajas por los errores cometidos por algunos de sus gestores, y en particular de aquellas que resultarían viables por tener un alto valor intangible (presencia en determinados territorios) que no se incluyó en la valoración que hace el comprador (el FROB)?

La confianza en las instituciones depende de su reputación. Y ésta, a su vez, de la predecibilidad de su comportamiento, que por eso está regulado por ley. De entre las instituciones españolas, el Banco de España gozaba de una elevada reputación, muy probablemente dañada como consecuencia de su forma de actuar en los últimos meses: ¿qué pensarán las autoridades europeas que en diciembre de 2010 reciben un informe garantizando la solvencia de NCG y solo dos meses después otro justificando la inyección de 2.500 millones públicos en NCG? También sabemos que el buen funcionamiento del sistema democrático depende de que exista una oposición creíble: ¿lo es una que critica y acusa a un gobierno de aprobar leyes con la supuesta única intención de cargarse a los directivos de las cajas, y ahora, cuando se conocen las indecentes indemnizaciones, de connivencia con esos mismos gestores? Y el buen funcionamiento del Estado autonómico depende de que los votantes tengan información correcta sobre cuál es la autoridad responsable de cada decisión. ¿Por qué hay tanto interés en echarle la culpa a las CC AA por las escandalosas indemnizaciones ocultando que su competencia "exclusiva" sobre las cajas lo es "de acuerdo con las bases y ordenación de la política monetaria del Estado" (art. 30.I del Estatuto), y cuando está meridianamente claro que es al Banco de España al que corresponde "revisar las políticas y prácticas de remuneración" de las entidades financieras (art 10.bis de la ley 13/1985, de recursos propios)?

El episodio da para muchas más reflexiones de pasado, de presente, y de futuro; y deja en el aire muchas más que tres preguntas. Nos deja, también, sin cajas de ahorros en Galicia y en España tras su bancarización. Pero nos deja mucho más: un tremendo perjuicio reputacional a una institución básica como es el Banco de España, un deterioro de la credibilidad de la oposición en Galicia y muy tocado al importante principio de cooperación leal entre el Estado y las CC AA. Es para indignarse. Pero por mucho más que por unas indecentes indemnizaciones.