El Gobierno quiere dejar vía libre a las fusiones entre universidades
Educación ultima la regulación de las integraciones, cuyos requisitos decidirán las autonomías - El objetivo es optimizar recursos y aumentar el atractivo
El debate sobre si hay demasiadas universidades públicas en España (50, a las que se suman otras 28 privadas) o si el problema es que son muy parecidas (casi todas ofrecen casi de todo) ha sido permanente en los últimos años. Sobre el discurso del Gobierno -los campus deben especializarse e iniciar proyectos de colaboración entre ellos-, siempre ha sobrevolado la idea de llegar a fusionar universidades. Así ha ocurrido en numerosos países europeos como Francia, Finlandia o Dinamarca.
Así que ahora, el Ministerio de Educación quiere dejar sentada la legislación para que, entre otras cosas, esas fusiones puedan ocurrir. Lo hace en el proyecto de real decreto que fija los requisitos básicos para la creación y funcionamiento de las universidades. En él también ha introducido algún punto del estatuto del docente universitario, cuya polémica tramitación hace casi imposible aprobarlo antes de las próximas elecciones generales del 20 de noviembre. Educación, dice, intentará sacar adelante tanto uno como otro proyecto, pero reconoce que el tiempo es muy justo.
Sin mucho detalle, el texto, que se en enviará en breve al Consejo de Estado, da sustento legal a las fusiones entre universidades, cuyo objetivo es aprovechar mejor los recursos en un contexto de crisis recortes, además, que está ahogando económicamente a algunas universidades. Pero también lo es competir con más fuerza con campus de todo el mundo, siempre con los famosos ranking internacionales en la cabeza, que dejan a España sin representación alguna en los 100 primeros puestos.
Serán las comunidades (una, si las universidades están en la misma autonomía, más, si están en varias) las que establecerán los requisitos concretos de la fusión ("las especificidades", dice el texto). Estas nuevas universidades fusionadas podrán crear nuevas estructuras de gobierno y se podrán establecer mecanismos de financiación para apoyarlos.
El pasado lunes, una comisión de expertos internacionales que examinó la estrategia del Gobierno para las universidades recomendó, entre otras cosas, la fusión de algunas de ellas, y también con organismos de investigación. El ministro de Educación dejó claro que estas serían, en todo caso, voluntarias. También lo dice el borrador. El informe recomienda que esas integraciones se hagan sobre todo, aunque no únicamente, en el marco del programa Campus de Excelencia, que ha repartido fondos extraordinarios en los últimos dos años a las iniciativas universitarias más competitivas. Muchos de ellos son proyectos en los que colaboran varias universidades, organismos de investigación, hospitales y empresas.
Algunos expertos señalan el camino de las fusiones como muy beneficioso mientras otros dicen que sería mejor quedarse en otros tipos de colaboraciones, como la oferta conjunta de másteres y doctorados o proyectos de investigación. El borrador de real decreto también da más cobertura a estas posibilidades. Por ejemplo, facilita la creación de institutos de investigación y de escuelas conjuntas de posgrado, así como el intercambio de profesores e investigadores entre unos y otros.
Esos intercambios estaban reflejados en el frustrado (o casi) estatuto del docente universitario. También un punto que se ha calcado literalmente en el decreto de creación de universidades: el plan individual de dedicación de los profesores. La universidad decidirá si cada profesional está más volcado a la docencia (clases, tutorías o preparación de materiales docentes, entre otros), a la investigación (proyectos, dirección de grupos, formación de investigadores), a la innovación (desarrollo de patentes, creación de empresas de base tecnológica) o la dirección y gestión académica. Hasta ahora, la mayoría de los profesores tienen sus horas de clase y se organizan ellos mismos la parte investigadora.
Esta era una reclamación de algunos responsables universitarios para poder gestionar mejor sus recursos humanos, sobre todo, en los tiempos de recortes que corren. Pero los sindicatos temen que se produzcan injusticias si los responsables universitarios tienen las manos completamente libres para organizar esos planes individuales de dedicación.
Con esta parte de reordenación de recursos, y también con el tema de las fusiones, tiene mucho que ver otra parte del decreto que permitirá la creación de unidades docentes interuniversitarias que compartieran a los profesores. Por ejemplo, esto permitiría la creación de un Departamento de Filología Española conjunto de dos universidades cercanas.
Demasiadas titulaciones
Algunos especialistas, incluido uno de los responsables educativos que estuvieron en el proceso, explican la proliferación de universidades en España a partir de los años noventa como el resultado de decisiones políticas que dejaron de lado cualquier tipo de planificación. Otros, sin embargo, celebran esa política "de proximidad" que consiguió la democratización de la enseñanza universitaria.
En cualquier caso, el resultado fue que cuando empezó a descender el número de alumnos con la llegada del nuevo siglo, algunas carreras de algunas facultades empezaron a vaciarse: algunas filologías, Humanidades, Estadística, Matemáticas, distintas especialidades de ingeniería...
Quizá no sobren universidades, como defienden algunos, pero desde luego hay demasiada oferta de titulaciones, a pesar de que esté volviendo a crecer con la crisis el número de estudiantes: los propios rectores hablaron en su informe anual presentado el pasado mes de febrero de un "excedente de oferta". El discurso siempre ha sido el de la necesidad de reducir solo en unos pocos campus aquellas carreras con muy pocos estudiantes.
Pero salvo algunos intentos, no se ha logrado nada, a pesar de que la oportunidad estuvo ahí, con la reforma de las carreras para adaptarlas a Bolonia. En el curso 2008-2009 las universidades ofrecieron 2.669 licenciaturas y diplomaturas (las mismas carreras muchas veces repetidas), y el curso pasado fueron 2.338 grados y 2.429 másteres oficiales.
Las propuestas
- Fusiones. Varias universidades podrán fusionarse voluntariamente. La comunidad autónoma dirá cómo.
- Control. Las universidades públicas y privadas tendrán que someterse a evaluaciones cada cinco años. Si una universidad no cumple los criterios mínimos, se le darán dos para arreglarlo. Si se sigue sin cumplirlos, se le revocará el reconocimiento como universidad. El coste del examen correrá a cargo de los campus.
- Colaboración. "Las universidades públicas podrán establecer convenios de colaboración o proyectos conjuntos que impliquen movilidad de su personal docente e investigador".
- Unidades conjuntas. Se podrán crear departamentos interuniversitarios para lograr "el máximo rendimiento de los recursos docentes". También se podrán crear institutos de investigación entre varias universidades y otras instituciones.
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