Una proveedora de Emarsa admite el empleo irregular de trabajadores

En el agujero negro de dinero público en el que según la investigación judicial se convirtió Emarsa, la sociedad dedicada a la depuración del agua de Valencia disuelta por el PP con un agujero de 17 millones de euros, destacan los hermanos María Paz, Víctor Manuel y Sebastián García Martínez, los tres imputados ahora por estafa continuada. Las cinco empresas que administraban facturaron 8,8 millones de euros (1.473 millones de pesetas) a Emarsa entre 2004 y 2010 por proporcionar servicios y materiales muy difíciles de creer. En el caso de Sebastián se daba la extraordinaria coincidencia de que, además de proveedor, actuaba como jefe de departamento de la sociedad pública: controlaba la llegada a Emarsa de los aparentemente imposibles suministros que él mismo le vendía.

Un edil de Valencia dejó sin auditar las cuentas durante cinco años

La depuradora contrató a una empresa que no estaba registrada

El exgerente de la sociedad pública y todavía dirigente del Partido Popular en la ciudad de Valencia, Esteban Cuesta, ha declarado ante el juez que Sebastián García Martínez trabajaba allí desde 1999, cuando Silvestre Senent ocupaba la presidencia de Emarsa. Senent era y es un hombre de confianza de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y sigue siendo el concejal de Hacienda del Ayuntamiento. Según Cuesta, en los últimos cinco años de Senent como presidente de Emarsa la empresa pública ni siquiera fue auditada.

El juez inició ayer el interrogatorio a los tres hermanos con María Paz García Martínez. Sus empresas, según la investigación, facturaron a Emarsa por reparaciones en edificios inexistentes. Por ejemplo: la depuradora situada en Pinedo solo cuenta con dos digestores (tanques para el tratamiento de agua) y sin embargo las facturas que su firma Construcciones Rocafort pasó a cobro están llenas de referencias a trabajos realizados en el digestor número cuatro, en el digestor número cinco, en el número seis... Su empresa también facturó desorbitadas horas de mano de obra: en enero de 2009 uno de sus empleados tendría que haber trabajado 21 horas al día durante todo el mes para sumar las 455 que supuestamente hizo.

El titular del juzgado número 15 de Valencia preguntó a María Paz cómo era posible, de entrada, que una de sus firmas hubiese podido asumir el cuantioso contrato que firmó con Emarsa cuando solo tenía a un trabajador dado de alta en la Seguridad Social. María Paz respondió, según fuentes conocedoras de su declaración, que solo tenía dado de alta a uno pero que en realidad tenía más empleados trabajando en negro.

La imputada tampoco pudo dar una respuesta contundente a la pregunta de cómo era posible que antes de haber sido registrada, una de sus empresas ya hubiese firmado un contrato con la sociedad pública. Ni de cómo podía haber cobrado por pintar un edificio "de fachada cara vista" que, por definición, no se pinta. María Paz García Martínez respondió, según las mismas fuentes sin mucha convicción, que pudo tratarse de un error y que en lugar de pintura se aplicase algún tipo de producto para su mantenimiento.

La investigación ha puesto de manifiesto la forma irregular en la que Emarsa contrataba antes y durante el periodo en que Cuesta fue gerente de la sociedad pública y Enrique Crespo (a quien Cuesta ha apuntado como cerebro del saqueo), alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, presidente del ente de depuración. La sociedad pública violaba los principios de publicidad y consideraba suficiente tener tres ofertas y elegir la más barata para cumplir con la ley. María Paz García Martínez empleó para cubrir ese trámite un método parecido al utilizado por la trama Gürtel. A un mismo contrato se presentaron tres firmas, Construcciones Sánchez Inarejos, Construcciones Rocafort y Construcciones Valsebe. Pero ella administraba las dos últimas.