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Rechazo unánime de los agricultores andaluces a la reforma de la PAC

La Junta pide aplazar los cambios al reducirse el presupuesto un 12%

Ginés Donaire

Los peores presagios han llegado al campo andaluz. La propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC), que ayer presentó la Comisión Europea, hace tambalear los cimientos sobre los que se asienta la agricultura de la comunidad al confirmar un recorte del presupuesto agrícola del 12%, que en la práctica puede ocasionar un descenso en las ayudas directas (Andalucía recibe ahora 1.680 millones anuales) de en torno al 20%, según las primeras estimaciones del sector y de la Administración. Las subvenciones suponen ahora un 40% de la renta de los agricultores y el 60% restante lo reciben vía precios, pero la reforma también pasa de largo por los mecanismos de regulación de mercados.

El 30% de las ayudas se repartiría en función de criterios medioambientales

Nunca una reforma comunitaria había concitado un rechazo tan unánime del sector, del Gobierno y la Junta. La sustitución de los derechos históricos (algo que beneficiaba claramente a Andalucía) por una tasa plana o ayuda homogénea, o la decisión de repartir el 30% de las ayudas en base a criterios medioambientales son algunas de las cuestiones que inquietan al sector, que ayer ya aventuró resultados "catastróficos" si prospera el documento.

La consejera de Agricultura, Clara Aguilera, mostró su decepción y se preguntó si es preciso abordar una reforma de tal profundidad con un presupuesto agrícola "claramente insuficiente". "Quizá se debería plantear un aplazamiento, pues abrir todos los frentes para repartir menos dinero no es lo más conveniente", declaró Aguilera, para quien Bruselas ha tomado como base de la reforma la agricultura continental y ha obviado la agricultura mediterránea, pasando por alto el olivar o del regadío. También mostró su rechazo a la tasa plana por fomentar una "agricultura menos productiva", considera "excesivo" el complemento verde del 30% y cree que se añade burocracia. La ministra Rosa Aguilar admitió que la propuesta da un "hachazo" a la agricultura española.

Entre las organizaciones agrarias el rechazo al documento fue total. El presidente de Asaja, Ricardo Serra, que se reunió en Bruselas con el comisario Dacian Ciolos, fue tajante al afirmar que si no se modifican los aspectos centrales de la propuesta "tendrá un resultado catastrófico para el campo andaluz". Asaja critica la reducción del presupuesto agrícola, el establecimiento de una tasa plana o el "enverdecimiento" de la PAC, y cree necesario aplicar criterios de diferenciación objetivos y no discriminatorios para mantener el equilibrio entre comarcas y explotaciones.

La Unión de Pequeños Agricultores, UPA, considera que la tasa plana que propone Bruselas "puede representar el fin de la agricultura productiva". Además, censura la ausencia de mecanismos básicos de regulación de mercado, "un hecho que deja al campo abandonado a una mayor especulación en los mercados". La COAG calificó como "alarmante" la propuesta de reforma, que define como "pseudo-ambiental". El secretario general, Miguel López, declaró que "la UE tiñe de verde la PAC priorizando la superficie y no la producción, obviando que sin cultivar, la tierra es un desierto de arena". COAG propone un pago directo al activo agrario, siempre condicionado al cumplimiento de compromisos de actividad productiva.

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A partir de ahora, Bruselas abre un periodo de debate sobre la reforma que culminará a finales de 2012 y que debe ser validada por el Parlamento europeo. La consejera de Agricultura avanzó que "Andalucía va a dar la batalla" y reclamó la unidad de todo el sector y de los partidos para defender el frente andaluz. Pero el PP, en boca de la portavoz Rosario Soto, no tardó ni un minuto en criticar al presidente José Antonio Griñán por "no hacer sus deberes" y alertó de que la reforma pone en peligro "miles de puestos de trabajo en Andalucía".

La nueva PAC

La propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) incluye estas medidas:

- Recorte del presupuesto agrícola en un 12%, que puede suponer un recorte del 20% de las ayudas.

Introduce una tasa plana o ayuda homogénea, que sustituye a los derechos históricos.

- Plantea repartir el 30% de las ayudas en base a buenas prácticas medioambientales.

- No establece mecanismos de regulación de mercados.

- Fija el techo máximo de las ayudas en 300.000 euros , con recortes según los tramos.

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