El TSXG tramita la imputación del exdiputado Pablo Cobián
Ajeno oficialmente a su dimisión, el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) pidió ayer al Parlamento gallego que certifique si el exdiputado del PP Pablo Cobián es o no parlamentario. Se trata del primer trámite judicial derivado de la ampliación de la declaración de Jorge Dorribo. Cobián ha admitido que ingresó dinero del empresario de Lugo, aunque asegura que fue para el patrocinio de un coche de karts de su hijo.
La comunicación del TSXG es el equivalente al suplicatorio necesario para imputar a un diputado en Cortes o a un senador. Según fuentes del Parlamento, la diligencia emprendida por el tribunal gallego es la habitual cuando un asunto judicial implica a un diputado autonómico. Solo que en este caso llega tarde, ya que Cobián dimitió de forma fulminante el mismo día que El Mundo publicaba que Jorge Dorribo lo acusaba de cobrar por sus gestiones en favor de Nupel. De momento, no hay constancia de que ni el TSXG ni el Tribunal Supremo hayan emprendido actuaciones similares con José Blanco ni con el exconselleiro del BNG Fernando Blanco.
El también diputado nacionalista y Pablo Cobián son los únicos implicados que han dimitido por el caso Campeón. El director y el subdirector del Igape implicados, Joaquín Varela y Carlos Silva, pidieron ser apartados temporalmente de sus cargos, aunque este último sigue trabajando para el Instituto Galego de Promoción Económica, del que es funcionario.
Sin dimisiones
Pese a la insistencia del PP de que ha saldado con dimisiones todas las implicaciones relacionados con la Operación Campeón, lo cierto es que hay otros cuatro altos cargos de la Xunta imputados que siguen ejerciendo sus cargos. Se trata de la directora general de Infraestructuras, Ethel Vázquez, del subdirector general de Estradas Mateo Maigler; de su antecesor, Luis Miguel Muño, y del subdirector general de Planificación, Antonio López Blanco. Todos ellos pertenecen a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, que dirige Agustín Hernández.
La juez que instruye el caso investiga las contrataciones de Estradas con la firma Proitec, la misma que presuntamente gestionaba los proyectos para las empresas de Dorribo. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Lugo los llamó a declarar como imputados, situación procesal en la que aún se encuentran.
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