La Xunta reclama ahora al Banco de España que frene los pagos a directivos

Indignado, dice, como "cualquier ciudadano", el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP), pidió ayer por carta al Banco de España que "rectifique y deje sin efecto", las millonarias prejubilaciones que los ejecutivos de Novacaixagalicia han cobrado, que se suman a los también millonarios planes de pensiones que podrán retirar cuando cumplan los 65. En suma, 23,5 millones para cuatro exdirectivos de la caja fusionada y otros 16,5 en el caso del exdirector de Caixa Galicia.

El elocuente gesto, anunciado en pleno debate parlamentario, fue interpretado por la oposición como una nueva forma de eludir responsabilidades. Hasta el 2009, ni los Gobiernos de Manuel Fraga ni el del bipartito (PSOE-BNG) hicieron uso de una facultad que podría haber frenado los desmanes en las cajas gallegas: nombrar delegados en las comisiones de control, órganos ejecutivos que informan de todo lo que se cuece en los consejos.

El Gobierno gallego tiene un vocal en la comisión de control de la caja

Santander, Sabadell, BBVA y Caixabank pasan el corte para comprar la CAM

La consellería de Hacienda del actual Gobierno sí designó a los suyos en junio de 2009, poco antes de que se aprobase una nueva norma autonómica sobre cajas de ahorros que reforzaba el papel de la Xunta en materia de supervisión. Ni esos nombramientos ni la auditoría en profundidad que el Gobierno gallego pagó a KPMG para avalar la integración evitaron las operaciones multimillonarias que se conocen ahora en una caja (convertida en banco) que terminó nacionalizada tras recibir 3.625 millones en dos inyecciones del FROB.

Tampoco nadie reparó en las denuncias que realizó la sección sindical de UGT en varias asambleas de Novacaixagalicia reclamando información sobre una nota que figura en las cuentas a la vista de cualquiera: "La caja tiene acuerdos con algunos de sus ejecutivos para satisfacerles ciertas retribuciones en el momento en que interrumpan su vinculación con ella".

El único gesto de autocrítica del Gobierno de Feijóo llegó ayer, cuando la titular de Hacienda aseguró que la comisión de control de la caja "debe pedir toda la información que estime oportuna para analizar esos contratos de alta dirección". La solicitud llega una semana después de que estallase el escándalo. Un día antes era la propia conselleira la que insistía en que todo el problema de Novacaixagalicia se reduce al decreto de recapitalización del Gobierno y a la baja valoración del Banco de España. "Galicia tendrá una entidad liderada por gallegos radicada en la comunidad, algo que ya querrían para sí 12 comunidades autónomas que no lo han logrado", aseguraba el lunes. La oposición, que culpa a la Xunta de haber permitido que el poder financiero gallego se haya diluido casi al 100%, ha pedido que se abra una comisión de investigación en el Parlamento que depure responsabilidades. En los últimos 15 días, además de la nacionalización de la caja, el Popular ha absorbido al banco Pastor, con sede en A Coruña, y el Banco Gallego le ha transmitido a los sindicatos que desmantelará sus servicios centrales y despedirá a 100 trabajadores.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, está a la espera de recibir las conclusiones que extraigan los representantes del fondo de rescate, que ya ha nombrado a tres consejeros en Novacaixagalicia, para decidir si el departamento de Anticorrupción abre diligencias contra sus exdirectivos.

En la CAM la fiscalía ya ha movido ficha para esclarecer las circunstancias en que se produjo el despido de la exdirectora general, María Dolores Amorós, y si la fijación de una pensión vitalicia de 370.000 euros puede ser constitutiva de un delito. Los sindicatos de la caja, Sicam, UGT y CSICA, han requerido notarialmente al Banco de España para que les informe de la gestión del estado actual de la entidad. Santander, BBVA, Caixabank y Sabadell han pasado a la segunda fase del proceso para comprar la CAM después de que sus ofertas no vinculantes fueran seleccionadas, informa Europa Press.