"Destruí todos mis archivos por la patada en la puerta de la Ertzaintza"

Aitor Tellería, uno de los tres exdirigentes del PNV alavés imputados por la supuesta trama corrupta del caso De Miguel, aseguró ayer en su segunda declaración ante el juez que todos los cobros realizados por la red de empresas encabezada por Kataia Consulting sí se corresponden con trabajos efectuados, aunque precisó que ya no dispone de documentos que sustenten su versión porque optó por borrarlo todo tras ser detenido por la Ertzaintza. "Nunca creamos esta empresa para poder gestionar el cobro de comisiones", explicó en su declaración oficial, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. "Tampoco la creamos para poder recibir dinero de administraciones públicas sin realizar trabajos para ellas", añadió.

Tellería recalca que su esposa solo intervino firmando en dos ocasiones

Dice que no leyó un correo que recibió que apunta a un amaño de facturas

"Todos los trabajos que hizo Kataia para Sidepur [empresa que intermedió en la recalificación de Zambrana, investigada por pago de comisiones ilegales] los guardé en formato digital hasta julio de 2010", mes en el que Tellería terminó siendo imputado por un presunto espionaje político -será juzgado el próximo año- tras encontrarse en su poder información sobre políticos, empresarios y personas vinculadas al CNI en Álava en los registros tras su detención en marzo de 2010. "[En julio] destruí todos mis archivos digitales como consecuencia de la patada en la puerta con la que entró en mi domicilio [...] la Ertzaintza en el momento de la detención", declaró. Hasta ahora ni el responsable de Sidepur, Josu Arruti, imputado, que dijo haber perdido los trabajos debido a una inundación en un trastero en 2008, ni los de Kataia han podido entregar estos informes.

Tellería aseguró que uno de los documentos que sí fueron aportados al juez como trabajos de Kataia para Sidepur, un listado de propietarios de los terrenos que iban a ser recalificados, fue elaborado por él. También confirmó la versión de Arruti para justificar un ingreso en efectivo de 30.000 euros, un encargo para buscar unos terrenos en los que poner un huerto solar. Dijo que buscó en Baños de Ebro, en tres emplazamientos en Laguardia, en Labastida, en San Vicente Arana y en Alda, entre otros, pero se terminó optando por unas tierras que eran propiedad de Eskalmelo, una compañía de la que De Miguel era el apoderado y en la que no quería figurar en las escrituras que se inscriben en el registro mercantil cuando dio las instrucciones para constituirla. La instrucción maneja la hipótesis de que el alquiler de huertas solares también pudo encubrir el pago de comisiones. Fue De Miguel quien impulsó la recalificación tras ser nombrado diputado de administración Local y Equilibrio Territorial en 2007.

Tellería explicó como en 2004 o 2005 tanto él como el también exdirigente del PNV alavés, Koldo Ochandiano y De Miguel hicieron un curso de auditorías energéticas antes de constituir Kataia. "Mi mujer [Araceli Bajo, imputada por ser administradora junto a las esposas de Ochandiano y De Miguel] estaba en desacuerdo con la creación de la empresa porque tiene un actitud conservadora en estos temas", abundó. Su esposa, recalcó, solo intervino en dos ocasiones, para firmar la constitución y cuando cesó como administradora -las mujeres de Ochandiano y De Miguel aparecen vinculadas a operaciones en efectivo en la investigación-.

"Entre Koldo Ochandiano y Aitzane de Miguel [también imputada] llevaban la contabilidad y la gestión de la empresa. Era Ochandiano quien se encargaba de la gestión diaria de la empresa", destacó. Sobre un correo en el que se habla de un presunto amaño de facturas que él mismo había recibido, respondió que es posible que solo leyera el primer mensaje y no uno de la contable que afirmaba: "las facturas q hacemos [sic.] no sé si habría q aumentarlas".

Tellería relató que Kataia tenía problemas de liquidez, tanto que a partir de 2008 no cerraron solo porque tenían la operación de compra de terrenos en Frúniz, para la cual él dijo haber puesto 9.000 euros -abonaron en total 553.500 euros, de los cuales 283.500 correspondían a un crédito de una empresa vinculada a la recalificación de Zambrana-. "Fuimos a la empresa Enginergy para conseguir el préstamo porque su concesión era más rápida que la de la entidad financiera", argumentó tras reconocer que no había devuelto un euro aún.