Administraciones, eficiencia y unidad de mercado

La calidad de la organización y gestión de las Administraciones Públicas influye decisivamente en la calidad y eficiencia de todo el sistema económico y social. En España, en estos momentos, los desajustes y las ineficiencias del modelo autonómico y local están planteando enormes dificultades a la economía.

Las Administraciones territoriales gestionan en la actualidad cerca del 50% del gasto público total, por lo que su actuación tiene una enorme trascendencia para la constitución de un marco de estabilidad macroeconómica. La eficiencia de dicha actuación, tanto en la provisión de servicios públicos como en la delimitación del marco regulador, es determinante de las condiciones en que han de operar los hogares y las empresas. Sin embargo, los españoles perciben, cada vez con mayor nitidez, la mala gestión que hace la Administración de la oferta de servicios y prestaciones públicas.

Se necesitan mecanismos disciplinadores por el lado del gasto, de los ingresos y de la deuda

Hay que replantearse el mantenimiento de algunos niveles de la Administración como las diputaciones

Deberíamos exigir a nuestras administraciones una total transparencia y la sujeción a requisitos de rendición de cuentas, como parte ineludible del mandato que les otorga legitimidad en un sistema democrático. En su documento Administraciones territoriales: propuestas para la mejora de la eficiencia y de la unidad de mercado, el Círculo de Empresarios propone medidas para abordar este problema en tres direcciones.

La primera de ellas, en la corrección de la laxitud presupuestaria con que funcionan algunas Administraciones territoriales. Vivimos una situación que podríamos calificar de disciplina presupuestaria blanda. Esta se caracteriza porque las comunidades autónomas y los ayuntamientos gastan con cierta alegría habiéndole perdido el respeto al endeudamiento. Piensan que, en algún momento, a la Administración central no le quedará más remedio que asumir el déficit. Por eso, una de las medidas que nosotros proponemos es que las sanciones que le lleguen al Estado central desde la Unión Europea sean repercutidas a las Administraciones territoriales. Estas tienen que ser conscientes de que si se endeudan más de lo que pueden, si gastan más de lo que ingresan, deberán asumir sus responsabilidades, bien por la vía de la reducción de su capacidad de emisión de deuda pública, bien por cualquier otro procedimiento.

Son necesarios mecanismos disciplinadores por el lado del gasto, de los ingresos y de la deuda. La distribución de los recursos debería hacerse en función de reglas claras, no sujetas a interpretaciones interesadas y no modificables en atención a demandas de Administraciones en dificultades por indisciplina fiscal. Hay que asegurar la suficiencia financiera de las Administraciones territoriales, pero es preciso que cada administración rinda cuentas ante la ciudadanía de sus partidas de gastos e ingresos. Podrán gastar más en la medida en que puedan generar más ingresos, respondiendo ante la ciudadanía tanto por el gasto realizado como por la presión fiscal creada.

Las reformas que el Círculo propone deberían ir en la línea marcada desde la Unión Europea, en cuyo seno se está llevando a cabo una discusión con profundidad sobre cómo mejorar el gobierno de la política económica en Europa. De la misma forma que la Ley de Estabilidad Presupuestaria recogió reglas para el equilibrio presupuestario de las Administraciones Públicas de nuestro país conforme al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, habría que establecer nuevas reglas y mecanismos en ese mismo marco legal que permitan ajustar al nuevo marco europeo toda la política fiscal y presupuestaria, incluidas las comunidades autónomas.

Esto podría hacerse reforzando el papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la coordinación de la política fiscal o creando un organismo fiscal independiente que vele por la transparencia y el cumplimiento de los límites establecidos.

También sería positivo crear un mecanismo sancionador para el incumplimiento de las reglas fiscales por parte de las comunidades autónomas, de forma que se corrija la asimetría existente en el sistema, ya que, como señalé anteriormente, las sanciones que se marcan desde Europa recaen exclusivamente sobre la Administración central.

La segunda dirección en la que habría que trabajar para mejorar la actual situación es la definición y cierre del mapa competencial. La complejidad de la organización de las Administraciones Públicas españolas va asociada con una distribución poco clara de sus competencias, lo que redunda en competencias duplicadas y pérdida notable de eficiencia. Habría que repensar la distribución de competencias, partiendo de la situación actual y respetando los criterios de eficiencia y subsidiariedad. También habría que fomentar el uso de mecanismos de coordinación entre administraciones; por ejemplo, la coordinación intermunicipal en consorcios y mancomunidades, para asegurar una prestación de servicios públicos más eficiente y de calidad.

Hay que replantearse, además, el mantenimiento de determinados niveles de la Administración, como diputaciones e instituciones insulares equivalentes, y estudiar la viabilidad y conveniencia de una reducción en el número de municipios, pues los 8.114 que existen hoy en España son a todas luces excesivos. De esa cifra, más del 60% tienen menos de 1.000 habitantes, y casi la mitad, menos de 500, y no llegan al 5% los que pasan de los 20.000 habitantes.

Con esos niveles de población no parece posible prestar los servicios que los ciudadanos demandan con los niveles adecuados de calidad y coste. Una reducción del número de consistorios, y su agrupación en municipios mayores, permitiría reducir costes de administración (menos cargos municipales), obtener economías de escala y contratar con los proveedores en mejores condiciones.

Esta reducción ya la han llevado a cabo anteriormente países como Dinamarca, Suecia o Grecia, esta última forzada por la Unión Europea en la primera fase de su plan de rescate. En el caso de Dinamarca, hace cuatro décadas tenía 1.100 municipios y en una primera fase logró rebajarlos a 275. Ya en 2007, en una segunda fase, terminó dejándolos en 98. Suecia, por su parte, pasó entre 1950 y 1974 de 2.281 a 278 por iniciativa del Gobierno central. En el caso de Grecia, se decidió pasar en 2010 de 1.034 a 355 ayuntamientos.

Una tercera dirección en la que convendría desarrollar acciones es en la mejora del marco regulador. El cumplimiento de las regulaciones existentes en nuestro país supone unos costes que duplican prácticamente los de los países de nuestro entorno. Esto supone una continua erosión de nuestra competitividad. En este sentido, habría que apostar por tres principios esenciales: la calidad de la regulación, el escrupuloso respeto de la seguridad jurídica y la defensa de la unidad de mercado.

Para lograr estos objetivos, la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas podría elaborar guías y protocolos de buena regulación, así como evaluar las normativas de todas las Administraciones, a las que también podría asesorar y guiar en una mejor coordinación. Una alternativa o complemento a la actuación de esta agencia sería una mayor actividad de carácter más preventivo por parte de la autoridad de defensa de la competencia.

La situación actual, tras la celebración de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 22 de mayo y la previsible aparición de datos que confirman una deuda de las Administraciones territoriales mayor de lo esperado, hace que no se pueda esperar más tiempo para poner orden en este caos. Las soluciones son urgentes, y para ponerlas en práctica sería deseable un pacto de Estado entre los principales partidos del arco parlamentario, ya que un Gobierno por sí solo es muy difícil que pueda sacar esta reforma adelante.

José María Alonso Puig es presidente del Comité de Administraciones Territoriales del Círculo de Empresarios.