La difícil convivencia de MAFO y el PP

Las alteraciones en el sector por las indemnizaciones millonarias de directivos de algunas cajas le han venido a pedir de boca al PP para entrar a saco. La portavoz del PP y (posiblemente) número dos por la lista de Madrid al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones, Soraya Sáenz de Santamaría, se lanzó el miércoles a la yugular de Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), gobernador del Banco de España (BE). No extraña que esto ocurra en una etapa preelectoral. Parece que la pizpireta dirigente popular -y por extensión su jefe, Mariano Rajoy- quiere cargar sobre el gobernador todas las culpas de ese escándalo.

Posiblemente, Sáenz de Santamaría ha querido marcar territorio y enviar un mensaje al gobernador. Si no, no se entiende la virulencia con que contestó a la pregunta (cuya respuesta tenía preparada) sobre las indemnizaciones en la CAM y Novacaixagalicia durante su intervención en un desayuno organizado por Europa Press. La escuchaban parte de la plana mayor del PP, bastantes empresarios y algunos financieros.

A juzgar por esos ataques, no se augura una buena convivencia entre el PP y el gobernador, a la que, según todos los indicios demoscópicos, están condenados después del 20-N y hasta julio, mes en el que acaba el mandato legal de MAFO si éste no dimite antes. Pero esto no figura en su catecismo; ya le ocurrió entre 1996 y 1999, etapa en la que se mantuvo como presidente de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, antecedente de la actual Comisión Nacional de Energía, y tuvo serios encontronazos con el Gobierno de Aznar.

No obstante, el PP no se puede quejar de la actitud mostrada por MAFO como gobernador en algunos aspectos como la reforma laboral, la de pensiones, reformas estructurales, etc., en las que ha sido más exigente que el partido conservador y que la patronal, al tiempo que mareaba al Gobierno y, sobre todo, a los sindicatos. Que se lo pregunten si no a estos, que han sido foco de sus obsesiones y que cuando tienen oportunidad le tachan de haberse metido donde nadie le llamaba y de descuidar la supervisión.

La portavoz popular puede anunciar "una profunda reforma del Banco de España" y decir que "no es razonable pasar de secretario de Estado a gobernador del supervisor bancario"; pero debe saber (seguramente lo sabe) que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias de control de las cajas. El BE tiene que promulgar la circular que le permitirá, al amparo de la Ley de Economía Sostenible, aprobada en marzo, tener más competencia. Pero, de momento, el supervisor solo puede actuar si se pone en cuestión la solvencia. Y, en el caso citado, las cifras manejadas en las indemnizaciones (unos 40 millones) no eran determinantes en ese sentido, teniendo en cuenta que el FROB ha tenido que recapitalizarlas con más de 5.200 millones en total. Son los consejos de administración de las cajas, controlados por las fuerzas políticas regionales, los que aprueban las remuneraciones. Y las dos cajas están dominadas por el PP, y sus dirigentes (Francisco Camps en la Comunidad Valenciana y Alberto Núñez Feijóo en Galicia) se opusieron a los planes del BE e, incluso, los recurrieron ante el Tribunal Constitucional.

Otra cosa es que, tal como está el patio, haya habido cierta laxtud por parte del BE y no haya logrado impedir actuaciones sobrecogedoras como esas, además de algunos excesos verbales del gobernador. Es verdad que ha advertido de malas prácticas y que, precisamente por la oposición de los responsables políticos, muchas acabaron sumidas en arenas movedizas. Otras que estaban mal se integraron en otros grupos y, con o sin ayudas del FROB, están saliendo adelante.