Castedo acusa al fiscal y la policía de desconocer la normativa urbanística

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, distribuyó ayer por escrito a los medios de comunicación la segunda de las cuatro entregas con las que pretende aclarar "las infundadas acusaciones vertidas por el fiscal" contra ella, que, según aseguró, provienen de "interpretaciones, suposiciones y juicios erróneos, propios del desconocimiento más absoluto de la normativa en materia urbanística".

La regidora también arremetió contra la policía por no haber consultado la información pública del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante. "No puedo entender cómo los investigadores policiales y fiscales no se han molestado hasta el momento siquiera en consultarla someramente, cuando se entiende que su cometido es alcanzar la verdad en base a datos objetivos y demostrables, y no basar su trabajo en informaciones erróneas, cuando no sesgadas o tergiversadas", explicó en el comunicado.

Para fundamentar sus afirmaciones, adjuntó documentación sucesiva del PAU-3, donde se la acusa "de cambiar la ordenación y dar más edificabilidad al sector al objeto de beneficiar al empresario Enrique Ortiz". Este sector ya se contemplaba en el PGOU que se aprobó en 1987 y dos años después comenzó Ortiz su tramitación. Castedo defiende que no solo no ofreció al promotor trato de favor alguno, sino que en diferentes modificaciones del plan, se le redujo la densidad de construcción de 50 a 30 viviendas por hectárea.

La aprobación definitiva del PAU-3 se produjo en junio de 2010, con una propuesta de otorgarle 250.371 unidades de aprovechamiento objetivo en una superficie de 689.639 metros cuadrados, lo que daría para construir 1.652 viviendas. Del total de la edificabilidad residencial, un 30% se reservó para la construcción de vivienda protegida.