La fiscalía pide cárcel para los causantes del incendio de L'Alcalatén

La Fiscalía de Castellón solicita dos años y medio de prisión para 10 trabajadores implicados en el incendio que en 2007 arrasó 5.700 hectáreas forestales en L'Alcalatén. El ministerio público considera que los hechos pueden constituir un delito de incendio forestal por imprudencia grave del que serían responsables cuatro trabajadores de Iberdrola y seis de Montelpa (la empresa subcontratada para las obras de reforma de la línea eléctrica de Les Useres donde se originó el fuego) e interesa la apertura de juicio oral.

De esta forma, amplía la corresponsabilidad del incendio a los superiores de los cuatro operarios de la subcontrata que trabajaron en la torre en la que se originaron las llamas. Estos son el responsable legal y el jefe de la obra de Montelpa y, por Iberdrola, el autor del proyecto, el encargado de conseguir los permisos, el director de obra y la encargada del seguimiento de las obras en toda la provincia.

Los hechos ocurrieron un día en el que la probabilidad de ignición era del 90% y, pese a ello, los cuatro operarios utilizaron una radial "sin ningún tipo de defensa (...) omitiendo cualquier cautela y asumiendo el riesgo evidente de tal omisión". La falta de un equipo transmisor les obligó a abandonar el lugar en busca de cobertura para llamar al 112.

Omisión

El escrito provisional de acusación corrobora que no se pidieron los permisos ante la Consejería de Medio Ambiente para los trabajos en la torre y es por ello por lo que plantea que los seis superiores también podrían haber cometido un presunto delito de incendio por imprudencia grave. "Tal omisión, así como la ausencia de una efectiva vigilancia del cumplimiento de la normativa expuesta, coadyuvó de manera eficaz a que las obras se desarrollaran en las condiciones descritas y por ende al fatal desenlace de las mismas", recoge el documento.

En cuanto a la responsabilidad civil, la fiscalía solicita el pago de indemnizaciones de 9,4 millones de euros por las pérdidas de los cinco Ayuntamientos afectados y por los gastos de extinción. Desembolso que atribuye a las aseguradoras y a Iberdrola y Montelpa como responsables civiles subsidiarias. El incendio comenzó el 28 de agosto de 2007 y arrasó 5.700 hectáreas forestales y otras 1.700 no forestales en 10 días.