El CSIF alerta del deficiente estado del Tribunal Superior de Justicia

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, ubicado en el antiguo edificio de Aduanas construido en el siglo XIX, arrastra numerosas deficiencias. Su reforma ha sido anunciada y cancelada en numerosas ocasiones. La última suspensión del proyecto de mejora fue comunicada por la Generalitat el 19 de septiembre, junto a la renuncia a construir otras 11 sedes judiciales que estaban programadas. El sindicato CSIF reclamó ayer una "rehabilitación urgente" del inmueble que, en su opinión, "no ofrece las condiciones adecuadas para que los alrededor de 130 empleados públicos que allí trabajan desarrollen de la manera más eficiente su labor".

El sindicato denunció el mal funcionamiento del aire acondicionado; la falta de acceso para discapacitados y de señales a la entrada del tribunal; la existencia de baldosas rotas; puertas sin pestillo en los baños; acumulación de estanterías y montones de expedientes en los pasillos, así como una iluminación insuficiente.

CSIF señaló que ha trasladado la situación al comité de seguridad y salud laboral y a la Inspección de Trabajo sin que se hayan adoptado soluciones. Recordó también que la Generalitat se comprometió a acometer la rehabilitación, pero que la iniciativa se detuvo hace un año.

El TSJ tiene, entre otras competencias, la de juzgar a los miembros del Gobierno y el Parlamento autonómicos. A la espera de que el magistrado Juan Climent confirme si el expresidente Francisco Camps y el ex secretario general del PP regional Ricardo Costa (ambos siguen siendo diputados) son juzgados finalmente en el edificio por un tribunal del jurado (acusados de cohecho pasivo impropio), otro miembro de las Cortes, el también concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, ya tiene fecha señalada fecha de juicio, el próximo 17 de octubre, por prevaricación urbanística.

En el intenso calendario judicial que la Sala Civil y Penal del TSJ tiene por delante figura el exalcalde de Torrevieja y diputado del PP, Pedro Ángel Hernández Mateo, cuyo primer juicio (tiene tres causas abiertas) podría celebrarse a principios de 2012. Y los también diputados populares Vicente Rambla, Milagrosa Martínez, David Serra, Yolanda García, y otra vez Costa, imputados por cohecho, prevaricación, falsificación mercantil y financiación ilegal en el caso Gürtel.