De nuevo un círculo vicioso

Es una expresión ya conocida en los años de convergencia anteriores a nuestra integración en la Unión Monetaria Europea, en 1997, al enfrentarnos al dilema de reducir el déficit público con los altos tipos de interés de entonces. La diferencia es que ahora los tipos oficiales son bajos y es el mercado el que eleva el precio de la refinanciación de la deuda soberana. Se repite de nuevo un círculo vicioso que hay que romper. En aquel momento se consiguió y ahora debemos conseguirlo.

El círculo vicioso funciona de la siguiente manera: la necesidad de reducir el déficit público lleva a ajustar los gastos de las Administraciones públicas, generando necesariamente un menor crecimiento de la economía, y como la mayoría de las recetas aplicadas en los recortes de gasto inciden en una reducción del empleo público, producen un aumento del paro. Como consecuencia de sus menores ingresos y de las malas expectativas de empleo, las familias reducen sus gastos y las empresas también aplican sus ajustes, provocándose reducciones en la recaudación de impuestos, lo que al menos dificulta la reducción del déficit público. Debido en parte a la desconfianza sobre la capacidad de crecimiento, la situación se complica con la exigencia del mercado de deuda de elevados tipos de interés para su refinanciación, elevando con ello el gasto público por el pago de los intereses. Y vuelta a empezar el círculo vicioso.

O se avanza hacia una gobernanza común, o se tiene que romper la Unión Monetaria

El dilema actual en el que se encuentra la economía española, así como otras muchas de la Unión Monetaria Europea e incluso los poderosos Estados Unidos, está en hacer compatible una austeridad en el gasto público con incentivos al crecimiento de la actividad productiva que permitan incrementar la recaudación de impuestos y así aliviar el déficit público.

Para conseguirlo no hay muchas recetas y las aplicadas hasta ahora no han resultado ni en Europa ni en Estados Unidos. En la UEM, limitados por la política monetaria común, ya no vale la receta de la devaluación, y las exigencias del pacto de estabilidad y las presiones de los acuerdos entre Alemania y Francia exigen a los países miembros intensidad y rapidez en los dolorosos ajustes.

Los que abogan por la receta de subidas de los impuestos tienen que aclarar el qué, el cómo y el cuánto, ya que lo que hay que conseguir es el aumento de la recaudación sin dañar la actividad económica y más aún: tratando de incentivarla.

Las recetas genéricas de las reformas estructurales, de las que ya se hablaba en 1997 y de las que los gobernantes se han olvidado durante la etapa expansiva, son difíciles de aplicar, e incluso en su forma más moderada han tenido la contestación de los agentes sociales. La reforma laboral acordada es insuficiente; la reforma financiera, lenta e inacabada, y respecto a la reforma de las Administraciones públicas no solo no se ha acometido, sino que ha empeorado con las duplicidades de gasto entre Estado y comunidades autónomas.

El entorno europeo es desfavorable, mientras que en la época de convergencia impulsaba en la buena dirección. La política económica y monetaria en la UEM tiene que cambiar si se quiere mantener el euro como moneda común. O se avanza hacia una gobernanza común a pesar de la pérdida de soberanía de los Estados miembros, o se tiene que romper la Unión Monetaria y pensar en una nueva con dos tipos de euro en los países que cumplen y los que no cumplen, que no necesariamente son los del norte y los llamados periféricos. Pero cualquier cambio o avance será lento y doloroso. Las cosas en la UEM no se han hecho bien y no es posible seguir sin reformarlas.

En España, por tanto, contando con este entorno tan poco favorable, no nos queda más remedio que ponernos de acuerdo, reformar y renovar el país. Favorecer a los que generan actividad económica, dar oportunidades a los que quieren trabajar y desechar socialmente a los corruptos, a los vagos y a los que quieren aprovecharse del trabajo de los demás. Perseguir seriamente el fraude. Promover salarios y beneficios justos. Exigir rigor a los dirigentes políticos y a los directivos económicos. En una palabra, reformar también la estructura moral del país además de la estructura económica y financiera.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE).