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LA COLUMNA

El tabú de la fiscalidad

Rubalcaba ha tenido el mérito de incorporar a la campaña electoral el debate sobre los ingresos. Hasta que el candidato socialista habló de la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, todas las propuestas para cuadrar las cuentas del Estado pasaban por la reducción del gasto, nadie contemplaba la posibilidad de mejorar la recaudación. Los recortes como horizonte ideológico de nuestro tiempo. Incluso Dolores de Cospedal protagonizó uno de los raros episodios en que el PP ha declarado sin eufemismos ni medias verdades sus intenciones para cuando gobierne. La presidenta de Castilla-La Mancha presentó su hachazo al gasto de su región como el modelo que seguirá su partido en toda España.

La iniciativa escogida por Rubalcaba -la recuperación del impuesto de patrimonio- no ha sido la mejor, sobre todo después de que el Consejo de Ministros hiciera un apaño que no ayuda en nada las intenciones del candidato. Como si la misión del candidato socialista no fuera ya de por sí difícil, hay momentos que parece que en La Moncloa están empeñados en convertirla en imposible. Debe de ser el síndrome del saliente que sufren la mayoría de los presidentes: en espacios íntimos más o menos inconscientes flota el deseo de que no gane el candidato de su partido porque se demostraría que no eran imprescindibles. Pero el hecho es que el tabú de la fiscalidad ha sido roto, con gran incomodidad de algunos sectores económicos, empezando por los banqueros. La airada reacción contra el impuesto de patrimonio de un personaje bajo sospecha como Emilio Botín o del inefable David Taguas, fugado de Moncloa a la patronal de la construcción, en un viaje tan obsceno -salvadas las justas proporciones- como el de Schröder a Gazprom, da cuenta de ello.

¿En qué quedará el debate? Posiblemente en poco, porque el PP ya se ha manifestado en puro estilo Rajoy: ni subimos ni bajamos. Esta actitud esquiva del PP hace muy difícil que se dé un verdadero proceso de formación de opinión y de deliberación democrática como debería ser una campaña electoral. El PP ha optado por ganar por desfondamiento del adversario, no por méritos propios. Pero la cuestión está en la calle. E incluso Artur Mas, nada amigo de los alardes retóricos, se ha visto impelido a aludir a un impuesto sobre las grandes fortunas, aunque lo haya dejado en una simple declaración de intenciones. Además, la propuesta de la Unión Europea de imponer una tasa a las transacciones financieras abona la discusión.

Roto el tabú de la fiscalidad, es importante que la cuestión no quede en iniciativas más o menos grandilocuentes para regalar los oídos de una ciudadanía asqueada por el modo injusto en que se reparten las cargas de la crisis. El hecho en sí, que la fiscalidad de quienes ganan más entre en la escena electoral, ya es bueno porque el miedo a afrontar esta cuestión es una de tantas demostraciones de la impotencia de la política frente al dinero. Algunos dirán que Rubalcaba se atreve ahora porque sabe que no gobernará y no se atrevió nunca mientras gobernaba. Es verdad que la ligereza del presidente del Gobierno le ha llevado a asumir todo tipo de gadgets ideológicos, primero fue de izquierdas bajar impuestos y después lo fue recortar sueldos. Y que Rubalcaba formaba parte de este Gobierno. Pero ello no impide que un debate serio sobre la reestructuración de la fiscalidad sea imprescindible si se quiere que el país progrese razonablemente en cohesión y equidad. Y, sobre todo, si se pretende rehacer la relación de confianza entre la ciudadanía y la política.

Para confiar en los gobernantes es necesario verlos con capacidad de tutear al poder económico. En estos años hemos visto al poder político tan disminuido, tan entregado a las exigencias ajenas, que uno se pregunta si realmente son conscientes de que tienen un poder nada despreciable: el Boletín Oficial del Estado. A veces parece que les da pánico utilizarlo.

El debate de la fiscalidad, sin embargo, no puede hacerse con ocurrencias electorales, requiere un trabajo de calado en dos direcciones: revisar el sistema impositivo en su totalidad para hacerlo más equitativo, y darle dimensión europea, porque solo a esta escala se puede alcanzar la capacidad coercitiva suficiente para hacerlo efectivo. Este es un objetivo al que los países europeos deberían ponerle fecha ya. Pero además, el debate sobre la fiscalidad tiene también una virtud clarificadora sobre las intenciones de cada uno: preservar la fortaleza del Estado o disminuirlo siguiendo por la senda de la privatización masiva de servicios. Esta es la cuestión que el tabú de los impuestos amagaba.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de octubre de 2011