El alcalde de Alhaurín niega haber cobrado sobornos de promotores
Martín Serón se desvincula de la concesión de licencias ilegales de obra
El alcalde de Alhaurín el Grande (22.000 habitantes), Juan Martín Serón, del PP, aseguró ayer en la primera sesión del juicio del caso Troya de corrupción que "nunca" recibió dinero de promotores a cambio de licencias urbanísticas. "Nunca jamás he recibido dinero de promotores. Nunca me lo han pedido. En el Ayuntamiento jamás se ha solicitado dinero a nadie a cambio de licencias ni a cambio de nada", aseguró el regidor.
El interrogatorio de ayer, que abría la vista oral tras la sesión de cuestiones previas de la semana pasada, fue un acto intenso, sin concesiones, en el que el acusado y el fiscal parecieron rozar por momentos la amonestación del tribunal. Sin embargo, las cerca de dos horas de preguntas apenas arrojaron novedades sobre el caso. Martín Serón, acusado de recibir un total de 238.000 euros por conceder licencias contrarias al planeamiento urbanístico de Alhaurín, afirmó que desde que es alcalde no se ha concedido en el municipio "ni una sola" licencia de obra que tuviera los reparos del arquitecto municipal y del jefe de los servicios jurídicos.
"Yo no soy técnico, ni arquitecto ni abogado, soy economista y malo"
"En ningún caso se condiciona una resolución o se comete una ilegalidad a cambio de patrocinio y, por supuesto, para beneficio personal mucho menos", insistió Martín Serón, acusado de prevaricación omisiva y cohecho y para quien el fiscal reclama cuatro años y medio de prisión y 19 de inhabilitación.
El regidor se ha desvinculado de la concesión de licencias de obra, labor que descansa desde 2001 en el concejal de Urbanismo, y principal imputado de la trama, Gregorio Guerra. "No he permitido nunca un decreto en contra de la ley, puede usted buscar en el Ayuntamiento todo lo que quiera", le dijo al fiscal, Juan Calvo-Rubio. "Yo no soy técnico, ni arquitecto, ni abogado, soy economista y malo, no me puedo pronunciar si es legal o no", añadió.
Uno de los mayores aprietos que sufrió el regidor llegó a la hora de justificar el origen de los 64.000 euros hallados en la caja fuerte de su domicilio y los movimientos en las cuentas corrientes de las sociedades que Martín Serón comparte con su esposa. Sobre el dinero intervenido en el cofre de seguridad, el alcalde no se movió de la versión que dio el 18 de enero de 2007, cuando fue detenido junto con Gregorio Guerra a la salida de un mitin de Mariano Rajoy en Marbella. "Ese dinero era de la asesoría fiscal de mi mujer. Estaba destinado para el pago del IVA de las empresas que llevaba. Muchas de ellas se dedican a la venta ambulante y todos hacen sus movimientos en efectivo", ha justificado.
Respecto a los ingresos de distintas cantidades en las cuentas corrientes de sus sociedades, el regidor fue menos claro: "Mi mujer y yo tenemos todo mezclado en nuestras sociedades, una cuenta de la asesoría sirve para pagos personales y el dinero de mí nómina sirve también para la asesoría", dijo. Martín Serón criticó que la policía, en sus informes, no hiciera referencia a los 200.000 euros anuales de "remanente de tesorería" que, según él, justificarían que los gastos familiares no se pagaran con cargo al dinero de su cuenta corriente. "Eso es un fallo de primero de parvulitos de contabilidad", afirmó.
El tribunal rechaza nuevas pruebas
La primera sesión de la vista oral del caso Troya se inició con las protestas de la Fiscalía y las defensas por la resolución que la Sección Octava de la Audiencia Provincial ha dado a las cuestiones previas planteadas la semana pasada. El fiscal, Juan Calvo-Rubio, hizo constar su protesta por el hecho de que el tribunal no admitiera una prueba pericial consistente en un dictamen de técnicos -un arquitecto y un jurista- de la Junta de Andalucía sobre el plan urbanístico vigente en Alhaurín en 2006, año en que sucedieron los hechos enjuiciados.
En la sesión previa, Calvo-Rubio amagó con solicitar la devolución de toda la causa al Juzgado de Instrucción si no se admitía esta nueva prueba. Ayer, el representante del ministerio público se limitó a hacer constar su protesta para que tenga efecto en caso de que presente un recurso tras la sentencia.
La del fiscal no fue la única prueba propuesta ayer. El abogado de Juan Martín Serón, Carlos Larrañaga, pidió que en el juicio declarara la esposa del alcalde, que en los primeros compases de la investigación estuvo imputada, aunque luego se archivó su causa. También pidió aportar una auditoría privada realizada sobre los ingresos y gastos del regidor. El tribunal, tras conocer la negativa del fiscal a que se aceptaran estas pruebas, deliberó unos instantes y decidió rechazarlas "para preservar el principio de igualdad de armas" entre defensa y acusación.
En la sesión de ayer solo se pudo interrogar a Martín Serón. Aunque el cuestionario se cerró sobre las 12.30, el tribunal decidió no dar paso al concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, el siguiente en el guión del juicio y cuyo interrogatorio se prevé más largo, para evitar que haya que su declaración se haga en dos sesiones y se rompa la llamada unidad de acto.
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