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Sandokán pide legalizar todas las parcelas

El empresario se opone a que se multe a los que levantan casas sin permisos

La imagen que nadie podía imaginar hace solo diez meses se hizo ayer realidad. El empresario y concejal de Unión Cordobesa, Rafael Gómez, imputado en el caso Malaya y deudor de unos 30 millones al Ayuntamiento de Córdoba, se sentó en el Consejo Rector y la Comisión de Licencias del órgano local de desarrollo urbanístico de la ciudad. Entre los asuntos prioritarios que piensa plantear, se encuentra la total legalización de las cerca de 10.000 viviendas irregulares que hay en la capital. Incluidas aquellas que están en terrenos inundables y que se vieron arrasadas por las últimas crecidas del Guadalquivir.

Así lo anunció su partido hace dos días. Y así lo recordó ayer el propio Gómez. "Considero que todos los partidos hemos dicho que debíamos arreglar el tema de las parcelaciones con la ley en la mano. Y cumplir con esa inquietud que tienen tantas familias", insistió antes de entrar en la primera de las reuniones en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Sandokán anunció también que se opondrá a la imposición de multas a los parcelistas ilegales. "Hay mucha gente que está en jubilación o que tiene 400 o 500 euros de paga y que le meten una multa en un momento dado de ciento y pico mil euros. Eso no tiene ni pies ni cabeza porque han hecho las viviendas y ahora se les multa. Mire usted, no hubiese usted dejado que se hiciesen". En todo caso, una vez que empezó la reunión, Gómez no abrió la boca para plantear el tema de las parcelas. En su turno de palabra, Gómez se limitó a decir: "Vengo a servir a Córdoba" y a restar importancia a sus pleitos personales.

Y es que, a una escala económica mucho mayor que la de los parcelistas ilegales, Sandokán comparte un problema muy similar con ellos. Él mismo construyó donde no podía. En concreto, cuatro hectáreas de naves ilegales en la sede de su empresa Arenal 2000. Una de las primeras cosas que hizo Sandokán tras recoger su acta de concejal, fue pedir el expediente completo de la multa de 24,6 millones, que lleva años enfrentándole en los tribunales con el Consistorio.

El portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, dijo ayer que "los cordobeses que le votaron lo hicieron en base a unas propuestas altamente irrealizables", como es la completa legalización de las parcelas. Torrico insistió en que Unión Cordobesa tiene derecho, "democrático y legal" para hacer "las propuestas que considere oportunas". A pesar de que Sandokán afirma que entre los planes del PP también está la legalización, Torrico señaló que sus propuestas en la GMU nada tienen que ver con las de Unión Cordobesa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 29 de septiembre de 2011