Bildu y el PP respaldan que Bizkaia facilite datos sobre empresas del 'caso de Miguel'

Tanto Bildu como el PP tienen previsto respaldar la iniciativa del PSE para forzar que la Diputación de Bizkaia entregue a la comisión del Parlamento vasco que investiga la presunta trama corrupta del caso De Miguel los datos fiscales de varias empresa implicadas. Portavoces autorizados de ambas formaciones confirmaron a este diario que apoyarán la proposición de norma que establece el "deber de la Administración foral tributaria a comunicar a las comisiones parlamentarias [tanto de la Cámara vasca como del Legislativo provincial]" toda información o documentos requeridos sobre personas físicas o jurídicas que resulten imprescindibles para avanzar en la investigación.

Sumando los 12 junteros de Bildu, los 9 del PSE y los 8 PP, bastaría para sacar adelante el cambio de la normativa tributaria que permitiría a la Cámara vasca acceder a la información sobre transacciones superiores a 3.000 euros de diversas compañías investigadas. El PNV (22 junteros), consultado el pasado lunes sobre su postura, no respondió a la petición de este diario, aunque no es descartable que termine respaldando la medida, tal y como ocurrió en una situación similar el pasado año en las Juntas Generales de Álava: una iniciativa presentada por PP y PSE fue entonces aprobada por unanimidad en el legislativo foral alavés para que los datos de empresas fuesen facilitados tanto al Parlamento como a la comisión de Juntas Generales constituida para indagar sobre la recalificación de terrenos de Zambrana.

"Nuestra intención es apoyarla para que se facilite la documentación solicitada para que la Diputación no pueda escudarse en normativas antiguas", explicó el juntero de Bildu Joseba Gezuraga.

En paralelo, fuentes oficiales del PP vizcaíno recalcaron que, así como en Álava presentaron junto a los socialistas una iniciativa conjunta, mantendrán las misma postura en Bizkaia.

Fuentes socialistas, por su parte, esperan que la iniciativa pueda llegar a pleno en octubre para que sea tomada en consideración por los demás grupos. Una vez aprobada, pasaría a la comisión correspondiente antes de volver al pleno en las semanas siguientes para su ratificación definitiva. Entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín oficial del territorio.

La Diputación alegó hasta ahora que no existe un "marco legal" en Euskadi o en Bizkaia al respecto. Por ello, argumentó entonces, hay que recurrir a una normativa estatal de 1994 que solo autoriza a proporcionar los datos de personas físicas y no de las personas jurídicas.

Los letrados de la Cámara respondieron en marzo con un informe jurídico que avalaba la cesión de los citados datos a una comisión del Parlamento autonómico. Días después, la Diputación insistió en su negativa.