El Supremo ordena entregar las actas a la juez de los ERE

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción dio ayer la razón a la juez de instrucción de Sevilla, Mercedes Alaya, en la disputa por las 480 actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía correspondientes a los 10 últimos años, que la juez exigió para investigar el fraude de los subsidios en el caso de los falsos expedientes de regulación de empleo (ERE). La resolución, sin embargo, dice que el Consejo de Gobierno "puede excluir de dicha remisión, fundadamente, la parte del acta o las actas que se refieren a materias reservadas".

Tras dos jornadas de deliberaciones, el Tribunal de Conflictos, integrado por tres consejeros de Estado y tres magistrados del Tribunal Supremo, llegó a la conclusión de que "las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno son públicas y no tienen carácter reservado", tal como resolvieron la juez Alaya y la Audiencia Provincial de Sevilla.

Las certificaciones "son públicas y no tienen carácter reservado"

Para el Tribunal de Conflictos, "no es procedente la genérica negativa a la remisión de las actas solicitadas" por la juez, "por la sola afirmación, sin la necesaria concreción, de que pueden contener documentos reservados o aspectos secretos de las deliberaciones, opiniones o votos".

Previamente, el tribunal afirma que carecen de virtualidad las alegaciones de la Junta de Andalucía contra la "razonabilidad y proporcionalidad" de la petición de la juez Alaya.

El citado tribunal también recuerda que las dependencias públicas no pueden negarse a expedir las certificaciones y testimonios que sean solicitados por los tribunales "excepto cuando se trate de documentación legalmente declarada o clasificada como de carácter reservado o secreto, en cuyo caso dirigirá al tribunal exposición razonada sobre dicho carácter".

De ahí que, según la resolución, el Consejo de Gobierno podría dirigir al juzgado "una exposición razonada denegatoria", pero solo sobre "el concreto y efectivo contenido reservado del acta", no sobre al resto de la misma, que no pierde su carácter público. Es decir, que la Junta solo podrá excluir "la parte del acta o actas que se refieran a materias reservadas".

La resolución, acordada por unanimidad, pone fin a un conflicto que se inició el pasado abril, cuando la juez reclamó las 480 actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía desde el año 2001. Alaya exigió las actas en "sobres cerrados y lacrados" para evitar que desapareciesen o pudieran ser alteradas mientras se resolvía la disputa.

Ante la exigencia de la entrega en un plazo de 72 horas, la Junta las trasladó el 7 de abril al edificio de los juzgados, donde quedaron depositadas en un armario blindado, bajo custodia permanente de la Guardia Civil.El pasado 6 de julio, la Audiencia de Sevilla resolvió que las actas debían ser devueltas a la Junta, dado que la custodia en el juzgado no era "necesaria ni proporcional". Una semana después, la Junta recuperó las actas, que ahora deberá entregar a la juez, salvo la parte que se refiera a materias reservadas.