La dependencia y el uso del valenciano disparan las quejas al Síndic

Nunca en un año las quejas remitidas por los valencianos al Síndic de Greuges habían crecido tanto como lo han hecho en 2010. El año pasado se formularon 9.504 reclamaciones, un 160% más que el año anterior (3.647 en 2009), según los datos del informe entregado ayer por el Síndic de Greuges, José Cholbi, al presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino.

La magnitud del salto aún es más evidente si se compara con los ejercicios anteriores: 3.927 quejas en 2008 y 1.856 en 2007.

Por materias, destacan los incrementos que ha habido en cuestiones como la aplicación de la Ley de la Dependencia o las quejas por el uso del valenciano. En el primer caso, se ha pasado de 948 quejas en 2009 a 1.541 el año pasado. Como consecuencia de este aumento, el informe insta al Consell a "incrementar los esfuerzos" en las cuestiones relacionadas con la tramitación y el pago de las prestaciones a las personas solicitantes. De todo este grupo de quejas, existe un importante aumento de las relacionadas con el régimen de incompatibilidades de las ayudas, reguladas por la Consejería de Bienestar Social, así como la "ausencia de retroactividad de los derechos o prestaciones reconocidos y la falta de resolución de los expedientes de personas ya fallecidas", apuntó el Síndic.

El incremento de las protestas por el uso del valenciano -falta de formularios públicos en valenciano, rotulación monolingüe- es aún más llamativo.

Se ha pasado de 74 a 2.045 quejas. Fuentes de la institución explican que este aumento se explica por las "numerosas quejas colectivas" tramitadas a través de Internet por colectivos sociales, fundamentalmente por discriminación del valenciano en páginas web institucionales, que el Síndic justifica en los pequeños Ayuntamientos "por la coyuntura económica".

Otra de las materias que más volumen han ocupado en el informe de 2011 son las relativas a la actuación de las Administraciones públicas en infraestructuras, transporte y obras públicas, que suman 2.212. Buena parte de ellas, -"más de 1.000", según fuentes de la Sindicatura- corresponden a otra queja colectiva. Se trata de la petición de la conexión ferroviaria entre las comarcas de La Marina Alta y La Safor mediante un tren de cercanías que comunique los municipios de Gandia, Oliva y Dénia.

Desde la institución que dirige José Cholbi explicaron que distintos motivos justifican el espectacular aumento (del 160%) de quejas recibidas este año. Por un lado, el cambio de la página web ha hecho más fácil remitir protestas. Además, a lo largo de 2010 se suscribieron 62 convenios de colaboración por parte del Síndic de Greuges con otros tantos municipios. El acuerdo contemplaba que en estas localidades se instalara un buzón para recoger las quejas de sus vecinos y tramitarlas a la Sindicatura.

A ello se añaden la situación de crisis y la movilización de agentes sociales (en especial asociaciones de defensa del valenciano o la relacionada con el tren de la costa) que han activado a centenares de ciudadanos para conseguir una mayor repercusión en sus peticiones.

"Confianza"

El Síndic comentó ayer en el acto de presentación del informe que el "importante aumento" de quejas presentadas por la ciudadanía "no hay que entenderlo como una manifestación de un correlativo empeoramiento del funcionamiento de las Administraciones públicas, sino como una clara demostración del elevado grado de confianza que tienen las personas en esta institución".

Cholbi también trasladó que se han reducido las quejas relacionadas con el ámbito sanitario. Mientras aumentan las relacionadas con la ley de la dependencia, con casos de personas que llevan más de tres años aguardando sus recursos, las reclamaciones sanitarias han descendido ligeramente: de 318 en 2009 a 290 el año pasado.

Pese a ello, el Síndic reclamó a Sanidad que "extreme al máximo la diligencia" de sus actuaciones en los centros sanitarios. Respecto a las listas de espera, señala que la demora en la asistencia, en la entrega de resultados de pruebas clínicas, así como en la aplicación de tratamientos, hace que los pacientes afectados "vean obstaculizado el acceso efectivo a las prestaciones".