Conde-Pumpido propugna que Sortu no sea legalizado

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reclamó ayer, en su discurso de apertura del Año Judicial y en presencia de la cúpula del Tribunal Constitucional, que Sortu "no sea legalizado" mientras subsista "la terca y desafiante sombra de ETA" como telón de fondo. En su despedida del cargo, tras ocho años al frente de la Fiscalía, se mostró "orgulloso" de haber contribuido a la modernización de la carrera fiscal, "desde un modelo anclado en 1870 hacia una institución moderna y reconocida en el ámbito internacional". Al término de su intervención, Conde-Pumpido cosechó una inusual salva de aplausos de reconocimiento de magistrados y fiscales.

Por su parte, el presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, advirtió de que las decisiones de los tribunales "deben ser respetadas por todos", y "en particular por las instituciones públicas", en lo que se interpretó como una alusión al conflicto suscitado por las sentencias del Tribunal Supremo sobre el catalán. La disconformidad con las sentencias debe canalizarse "por la vía de los recursos", siguió Dívar, pues el Estado de derecho "exige el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes". En ese sentido, Dívar dijo que la finalidad de los tribunales es "perseguir en todo caso la Justicia" y no "sucumbir a la tentación de convertirse ellos mismos en protagonistas de conflicto alguno".

El fiscal critica a los políticos corruptos que deslegitiman la acción de la justicia

La ausencia del Rey deslució una ceremonia a la que asiste desde 1983

La solemne ceremonia de apertura del Año Judicial quedó un tanto deslucida por la ausencia del rey Juan Carlos. Es la primera vez que no asiste desde 1983, lo que propició también la no asistencia de las primeras autoridades de las Cortes, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, presentes otros años. No obstante, además del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, asistieron altos cargos de la Magistratura y la Fiscalía, como el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, y otros dos expresidentes del Supremo que hoy están en el Constitucional, Javier Delgado y Francisco Hernando.

Conde-Pumpido presentó unas cifras muy notables de descenso de la delincuencia -un 5,82% en el último ejercicio-, e incluso espectaculares en la reducción de algunos delitos, como el "importantísimo descenso" a cotas del año 2006 de los delitos contra el patrimonio. Indicó que en 2010 hubo un 13% menos de hurtos, un 15% menos de robos con fuerza, y un 21% menos de robos con violencia e intimidación que en 2009, mientras que los de robo y hurtos de vehículos de motor decrecieron un 30,6%.

Sin embargo, puso más énfasis al repasar el capítulo de la actividad terrorista, en la que "asistimos", dijo, "a la derrota legal, material y moral de quienes se creyeron absurdamente capaces de quebrar a sangre y fuego la voluntad democrática de los españoles". "Aunque ese agónico final persista", dijo al recordar el asesinato del policía francés Jean Serge Narin en 2010, en ese año fueron detenidas 94 personas relacionadas con ETA en España y otras 35 en otros países.

"Agotamos todas las posibilidades con el fin de excluir a Bildu de las instituciones y seguimos sosteniendo desde la Fiscalía del Tribunal Constitucional que Sortu no debe legalizarse mientras en el telón de fondo de su presencia política subsista la terca y desafiante sombra de ETA", concluyó.

En otro momento, Conde-Pumpido criticó con dureza a los corruptos "que aprovechan su presencia en el mundo de la política para tratar de deslegitimar, en su propio provecho, la acción de la Justicia". El fiscal general extendió su censura "a quienes insisten en el error de contemplar la lucha contra la corrupción en términos de contienda política o electoral, en lugar de ayudarnos a erradicar esa seria amenaza para la solvencia ética y la credibilidad de nuestro Estado de derecho".

De la actividad de la Fiscalía en los ocho años en que ha estado al frente, Conde-Pumpido destacó "la especialización del trabajo y la reordenación territorial". "Nos han permitido dar la vuelta al tratamiento jurídico penal", dijo, en materias como la protección de los derechos de los trabajadores, la seguridad vial, la violencia sobre la mujer o la preservación del medio ambiente.

También aseguró que la Fiscalía está preparada para asimilar un nuevo modelo de proceso penal "que ponga fin al derroche de medios del actual sistema, en el que casi cinco millones de procedimientos conducen a poco más de 300.000 juicios".