El TSJ asume la causa de la basura de Torrevieja

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha asumido la causa contra el exalcalde de Torrevieja y actual diputado autonómico, Pedro Ángel Hernández Mateo, acusado de prevaricación y falsedad documental por la adjudicación en 2004 del contrato de recogida de basura de la ciudad. En su condición de aforado, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ asumirá las diligencias del juzgado de instrucción número 4 de Torrevieja y será el nuevo magistrado instructor, Juan Climent, quien asuma la finalización del proceso.

La imputación de Hernández Mateo es consecuencia de la denuncia que presentó en enero de 2007 el edil de Los Verdes José Dolón García por la que el exalcalde torrevejense ya declaró como imputado en el juzgado de instrucción que asumió el procedimiento.

En su escrito de exposición motivada al TSJ para su inhibición, la instructora resaltó que Hernández Mateo adjudicó el contrato de la basura, a pesar de los informes desfavorables de los técnicos municipales, con la argucia de presentar un informe externo que, según dijo a la juez, "había cursado personalmente a tres despachos de abogados". Sin embargo, en su declaración en el juzgado, dos de ellos lo negaron.

Además, la juez instructora destaca que el exalcalde encargó finalmente el informe jurídico a un despacho profesional que en aquella época trabajaba habitualmente para la empresa Necso Entrecanales, a la que posteriormente le fue adjudicado el contrato en base al informe.

Hombre de Camps

Hernández Mateo accedió a la alcaldía de Torrevieja en 1987 y se mantuvo en el cargo hasta mayo de este año, cuando consiguió el escaño en las Cortes. Considerado uno de los hombres fuertes del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la provincia, no tendrá una legislatura fácil porque a esta imputación suma otras dos.

Una, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información relacionado con la compraventa de una finca rústica que le reportó unas plusvalías de 5,2 millones de euros.

Otra, por la comisión de un supuesto delito electoral en los pasados comicios municipales por la celebración de un mitin que había prohibido la Junta Electoral de Zona, al que acudió, entre otros cargos, el mismo Camps. Hernández Mateo era, además, el representante legal del PP ante la junta de La Vega Baja.