Un trabajador de Ipar Kutxa desmiente a la trama en la 'operación Zambrana'

La investigación de la supuesta trama corrupta del caso De Miguel, a cargo del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, sigue su curso tras el parón veraniego. R.F., trabajador de Ipar Kutxa en Álava, desmintió ayer ante el juez, en su declaración como testigo, una de las coartadas que la trama utilizó para justificar el pago de 180.000 euros, en el marco de la fallida macrorecalificación de Zambrana, a Kataia Consulting, principal "empresa pantalla", según la instrucción, de una nutrida red supuestamente controlada por el exdirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel.

Los responsables de la investigación buscan acreditar que los pagos vinculados a una operación urbanística que movió millones de euros, en la que De Miguel impulsó la modificación normativa necesaria para sacarla adelante, encubren comisiones ilegales.

Arruti dijo que Kataia hizo la lista de propietarios de las tierras afectadas

Kataia cerró el trato con Sidepur pocos días después de su constitución

Tras ser introducida en la operación por De Miguel como intermediaria, la compañía Sidepur, dirigida por Josu Arruti, imputado, afirma que encargó varios trabajos a Kataia por los que pagó 150.000 euros por diversas tareas. En su contestación al juzgado, Sidepur afirma que el listado de propietarios afectados por la construcción de un polígono industrial en Zambrana fue realizado por Kataia, aportando la citada lista acompañada de una carátula con el nombre de la compañía.

Tirando del hilo de una declaración ante la Comisión de Investigación de Juntas Generales de Álava, del responsable de Ipar Kutxa en Álava, Pablo Larrabide, hoy imputado, los especialistas en delitos económicos de la Ertzaintza dieron con documentación en el Ayuntamiento de Zambrana que contradecía esta versión, atribuyendo a la entidad financiera la recopilación de los datos de los propietarios. "Existe una clara contradicción", concluía el último informe policial del caso.

El testigo de ayer, según fuentes conocedoras del contenido de su declaración, confirmó que Ipar Kutxa realizó el listado y que Kataia no intervino. De hecho, añadió que la primera vez que supo de la existencia de Kataia fue cuando leyó las diversas informaciones que aparecieron en prensa al estallar el caso a principios de 2010.

Ipar Kutxa aparece constantemente en las operaciones relacionadas en la trama investigadas por la justicia. Su responsable territorial declarará como imputado el próximo 19 de septiembre.

Katia cerró el trato con Sidepur en julio de 2005, apenas unos días después de su constitución el 22 de junio del citado año. No tuvo trabajadores dados de alta en la Seguridad Social hasta octubre, cuando entró a trabajar Aintzane De Miguel, hermana del también exdiputado foral e imputada.

Sidepur asegura que parte de la documentación que acredita la realización de los supuestos trabajos por los que pagó 150.000 euros fue destruida por una inundación en sus oficinas.

En el informe policial consta que en 2007, según la Hacienda alavesa, Kataia tuvo otra relación comercial con Sidepur por importe de 30.000 euros -pago consta en las cuentas de la compañía-. Arruti, por su parte, aseguró a la Comisión de Juntas Generales que el dinero se abonó por un supuesto proyecto de huerta solar.

Además de los citados 180.000 euros, existe un ingreso de otros 11.600 en la cuenta de Kataia, realizado desde la cuenta del padre de Arruti, utilizada en varias transacciones de la operación Zambrana. Sidepur no dio ninguna explicación al respecto en su contestación por escrito al juzgado.