Archivada la causa contra el delegado de la Xunta en Ourense

El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, reconoció en un pleno del Ayuntamiento de Arnoia -durante su etapa como alcalde de este municipio y presidente de la agrupación Ceivam que distribuía fondos comunitarios- que había certificado con esas ayudas de la UE las obras de cinco talleres artesanales sin que estuvieran realizadas. El juez de Ribadavia que investiga las denuncias por malversación de fondos públicos y fraude a subvenciones comunitarias, acaba de sobreseer provisionalmente la causa. Sostiene que no hay indicios de que el dinero público para construir la planta "no se haya invertido en las obras realizadas" en la misma y destaca, además, que el delito habría prescrito.

El PSOE ha anunciado que presentará recurso de forma contra el sobreseimiento de la causa contra el superdelegado de la Xunta en Ourense, al mismo tiempo que un recurso subsidiario de apelación a la Audiencia provincial para que esta siga investigando los supuestos delitos de fraude y malversación.

Según consta en las actas municipales del pleno de enero de 2001, Martínez avaló en nombre del Ayuntamiento al grupo de artesanos Armiño una operación de crédito por 91 millones de pesetas para construir cinco talleres. Ese mismo año, firmó la certificación de los pagos por las obras de los talleres finalizados, según consta en la documentación de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Sin embargo, en el pleno de enero de 2002, Martínez reconoció que las obras no estaban finalizadas.

El juez acepta las denuncias de PSOE y BNG y sostiene que en la certificación de la obra "se describe una nave con unas características diferentes a la existente". Entiende que tal actuación "podría ser constitutiva de un delito de falsedad" pero matiza que "ya habría prescrito".

De otra parte, reconoce el cúmulo de "importantes irregularidades administrativas" pero no ve indicios de que el dinero de la UE no se hubiera invertido en la planta de biomasa, por lo que no le imputa los delitos de malversación y fraude por los que el superdelegado fue denunciado.