La Audiencia de Barcelona suspende la condena de Sáenz

La Audiencia Provincial de Barcelona ha suspendido la ejecución de la sentencia que condenaba al consejero delegado del Banco Santander y expresidente de Banesto, Alfredo Sáenz, a tres meses de arresto y suspensión de su profesión de banquero durante ese tiempo y a una multa de 400 euros por un delito de estafa procesal y presentación de acusación falsa. En caso de no haber accedido a ello, Sáenz hubiera tenido que dejar su puesto en el banco cántabro.

El tribunal también ha suspendido la ejecución de la condena para Miguel Ángel Calama, antiguo director de Banesto en Cataluña, y el abogado Rafael Jiménez de Parga.

Sáenz, Calama y Jiménez de Parga recurrieron la sentencia al Tribunal Constitucional y solicitaron el indulto al Ministerio de Justicia. Por ello, pidieron a la Audiencia de Barcelona la suspensión de la pena y que no se anote la sentencia del Supremo en el Registro Central de Penados y Rebeldes hasta que se resuelva el indulto.

El tribunal accede a suspender la condena al considerar que las penas son "de corta duración", por lo que "de acordarse su inmediata ejecución podría resultar ilusoria una hipotética concesión de la gracia", y más aún cuando Justicia tiene un año para decidirse. En cambio, el tribunal rechaza no anotar la sentencia en el Registro de Penados. Sáenz lo reclamó para evitar que costasen los antecedentes, de modo que no quedase duda de su "honorabilidad" para ser banquero que exije la ley.

El tribunal considera que "no existe base legal" para esa solicitud y razona que, aun siéndole concedido el indulto, la sentencia debería quedar inscrita en el registro a efectos meramente informativos. El auto concluye que al tribunal no le "corresponde" examinar si el "requisito de la honorabilidad desaparece, puede subsistir o queda pendiente de valoración hasta que se resuelva el indulto". En todo caso, sostiene que debe ser el Banco de España quien decida si Sáenz puede seguir en su cargo, algo que la defensa ha mantenido durante todo el proceso, ya que considera que una vez suspendida la ejecución de la sentencia la honorabilidad no está cuestionada.

Sáenz fue condenado porque en 1994, en el marco de una estrategia de recuperación de créditos, Banesto presentó una querella falsa por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Modesto González y José Ignacio Romero, que fueron encarcelados por el juez Luis Pascual Estivill, luego condenado por prevaricación y detención ilegal.