Las farmacias aún no han cobrado las recetas de julio

La preocupación crece entre las 2.400 farmacias valencianas, que todavía no han cobrado las recetas subvencionadas por la sanidad pública correspondientes al mes de julio. La Generalitat realiza el pago normalmente el día 10 del mes siguiente. Pero en agosto las boticas no vieron ni un euro, explica María Teresa Guardiola, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, y el abono tampoco se ha producido en los primeros días de septiembre. El problema, según fuentes farmacéuticas, es mayor porque a principios de julio al menos una parte de las boticas tuvo que recurrir a pólizas de crédito para suplir impagos anteriores. El mecanismo financiero permite a los establecimientos cumplir sus compromisos con empleados y proveedores, pero tiene un coste económico que se ven obligados a asumir las farmacias.

Las farmacias recurren a pólizas de crédito para seguir funcionando

Guardiola aseguró que el contacto con las consejerías de Sanidad y Hacienda es "continuo, casi diario", y se mostró confiada en que el Gobierno valenciano hará efectivo el pago en los próximos días. La presidenta del colegio no precisó a cuánto asciende la deuda correspondiente a julio, pero en un retraso similar, que tuvo lugar en febrero, las recetas impagadas en un mes suponían 126 millones de euros. El Consell acabó pagando a mediados de abril. Guardiola recordó que en cada farmacia trabajan, de media, cuatro empleados, lo que supone cerca de 10.000 empleos en la comunidad autónoma.La presidenta del colegio de farmacéuticos no quiso contemplar la posibilidad de que los impagos sigan acumulándose en las próximas semanas o meses como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, como la de Castilla-La Mancha, ni se planteó, por tanto, medidas de presión como el cierre patronal.

Los ánimos estaban algo más agitados, en cambio, en algunas farmacias consultadas. El dueño de una botica cercana al Mercado Central de Valencia decía: "No me acuerdo de cuándo fue la última vez que nos pagaron. El 6 o el 7 de julio cobramos porque tenemos una póliza de crédito. ¿Y quién paga los intereses que genera? Nosotros". El farmacéutico lamentaba que la nueva morosidad de la Administración autonómica coincide con la entrada en vigor de una nueva revisión de precios, impulsada por el Gobierno, lo que estrangula sus ingresos. "Estamos para bajar la persiana y que vengan a trabajar ellos", añadía.

La presidenta del colegio valenciano, que censuró hace unos meses con dureza la rebaja del precio de los medicamentos genéricos decidida por el Ejecutivo, aseguraba ayer confiar en que las consejerías de Sanidad y Hacienda cumplan su compromiso de hacer frente a su deuda lo antes posible y modulaba sus críticas: "Lo que tienen que entender es que el pago de las recetas es el equivalente a las nóminas de los farmacéuticos, que prestan un servicio público. Y supone también la nómina de los auxiliares que trabajan en la farmacia, y es lo que permite pagar a los almacenes de proveedores y en última instancia a los laboratorios".

Después de sufrir un retraso similar en octubre de 2010, el Colegio de Farmacéuticos firmó una línea de financiación con el Banco de Valencia que permite a las boticas recibir de la entidad el pago por anticipado a cambio de una comisión financiera. A diferencia de otros colegios españoles, que ya habían adoptado medidas similares con anterioridad, el colegio valenciano se resistió inicialmente a suscribir el convenio por miedo a que ese nuevo margen llevara a la Generalitat a demorar aún más sus obligaciones.

El sistema sanitario está poniendo al descubierto el precario estado de la caja de la Generalitat. El miércoles, la plataforma de proveedores sanitarios advirtió a la Generalitat de que si no cobraban las deudas, los hospitales y centros de salud valencianos empezarían a sufrir desabastecimientos en tres semanas. No se trataba de una amenaza genérica ni voluntaria, afirmó la plataforma, formada por unas 40 pequeñas y medianas empresas que suministran a la red pública desde gasas a prótesis cardiacas, sino un anticipo de lo que ocurriría cuando las firmas acreedoras se vean obligadas a despedir trabajadores o a echar el cierre. Los proveedores exigían que, al menos, la Generalitat abonara inmediatamente la deuda pendiente en 2011, dejando para más adelante las facturas impagadas que en algún caso se remontan a 2008.

El nuevo consejero de Sanidad, Luis Rosado, y los responsables de la Consejería de Hacienda, que dirige José Manuel Vela, se reunieron con los proveedores en un clima de diálogo, pero sin ofrecer compromisos a corto plazo. La plataforma aseguró que en la reunión escucharon al menos sinceridad: las arcas autonómicas están vacías y a la Generalitat le es imposible en estos momentos asumir los pagos.